La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha denunciado la venta a pérdidas del pollo, aseguran que los grandes centros de distribución están utilizando este producto como reclamo para atraer a los clientes, el pollo se comercializa a 1’99 euros/kilo situándose el precio por debajo de los costes de producción. La UPA explica que en el año 2010 el coste de producción, según datos del Ministerio de Agricultura de nuestro país, se establecía entre los 2’4 y los 2’7 euros por kilo, teniendo en cuenta que nos encontramos en el año 2013, esos costes son mayores.
El tema de las ventas a pérdidas de los alimentos es una constante, podemos recordar algunas denuncias realizadas anteriormente por los sindicatos agrarios, UPA, COAG o Unió de Pagesos de Catalunya entre otros, éstos denunciaron en su momento las ventas a pérdidas de las naranjas o las ventas a pérdidas del aceite de oliva entre otros productos. Los productores no quieren que sus productos sean utilizados como reclamo por los grandes centros de distribución, consideran que las consecuencias son buenas relativamente para los consumidores pero malas para los productores.
En el caso de la venta de pollos a precio reducido, se habla de práctica desleal que puede provocar la destrucción de empleo, la UPA explica que actualmente hay más de 6.000 granjas de pollos en nuestro país y que con esta práctica, peligra seriamente la continuidad de la labor que desarrollan. En su momento los sindicatos ya explicaron que estarían encima de todos esos casos de ofertas en las que se da un producto a un precio por debajo del coste de producción, por un lado persiguen determinar si existe algún tipo de fraude como los ya acontecidos anteriormente y que podemos conocer en el post referido sobre la venta a pérdidas del aceite de oliva virgen extra.
Volvemos a realizar la misma reflexión, si no existe fraude, ¿por qué este tipo de ofertas de los centros de distribución destruye empleo y hace peligrar la supervivencia de las granjas?, como ya hemos indicado en otras ocasiones, un comercio o centro de distribución puede adquirir un producto determinado al precio acordado y posteriormente venderlo más barato, o si quiere, regalarlo, teniendo en cuenta que el productor ha percibido el precio estipulado sea por los productores o por el Gobierno, no debería afectarle la actuación del centro de distribución. Además, no se suele regalar nada, el margen que se deja de ganar con la venta de la carne de pollo, revierte en beneficios adicionales como la captación de clientes, la venta de otros alimentos que tienen un margen más elevado, etc.
La UPA considera que se trata de un ataque del sector de la distribución al sector primario de nuestro país, en este caso se está generalizando al englobar a todas aquellas actividades económicas relacionadas con la producción en los sectores de la agricultura, ganadería, apicultura, etc. Que tengamos constancia, sólo se está hablando de la producción de pollo, por tanto, si se habla de «ataque» quizá se debería mencionar únicamente a este sector de la avicultura. El sindicato explica que en estos años la producción de carne de pollo ha sido constante y el consumo ha experimentado un ligero aumento, destacando que el año pasado se incrementó en un 1’8% con respecto a los datos del año 2011, siendo la carne fresca que más se ha comercializado por detrás del pavo.
Teniendo en cuenta la crisis económica y la necesidad de ahorrar, es lógico que se comercialicen carnes más baratas, de acuerdo que el consumo se ha incrementado, pero volvemos a lo mismo, si los productores perciben el precio pactado no tendría que afectarles esta situación. Quizá este tipo de ofertas incrementen aún más las ventas y por ende, reciban más pedidos, mientras no se baje el precio en origen, la reivindicación podría no tener sentido.
La UPA está dispuesta a trabajar para que se acaben las ventas a pérdidas, se sigue exigiendo que se extremen las medidas y controles para que las cadenas de distribución cumplan la normativa que regula la obligación y el derecho del mercado ante este tipo de abusos que consideran ilegales, persiguen una mejora de la Ley de la cadena alimentaria que actualmente se encuentra en tramitación. Según leemos aquí, la UPA quiere que los grupos parlamentarios enmienden el Proyecto de Ley destacando el incumplimiento de los plazos de pago, que se cree un régimen sancionador y un sistema de arbitraje en el caso de conflicto, precios que cubran los costes de producción y por supuesto evitar las ventas a pérdidas a nivel general.
Al respecto, sería interesante destacar que existe disconformidad por vender los alimentos en los centros de distribución a un coste inferior al de la producción, pero ¿por qué cuando se comercializan a un precio abusivo y el productor recibe lo pactado, no se traslada de igual modo la queja?, si el productor percibe un precio estipulado, ¿por qué no puede un centro de distribución vender el producto adquirido al precio que considere oportuno?
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