El reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur alcanzado este mes tras más de dos décadas de negociaciones, ha generado un intenso debate en Europa y en América Latina. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado el pacto como el mayor realizado en términos de reducción de aranceles para la Unión Europea, pero su firma ha estado marcada por una fuerte oposición y especialmente por parte de Francia, que ha calificado el tratado como “inaceptable”.
Recordemos que a principios de año hablábamos de que existía urgencia por ratificar el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, y se esperaba que se pudiera firmar, como mucho, el próximo año, la excusa que se proporcionaba entonces era la guerra en Ucrania y la nueva situación geopolítica. La organización de consumidores Foodwatch, recordó a los ciudadanos que este acuerdo suponía diversas amenazas para la seguridad alimentaria, el medio ambiente y los derechos humanos.
Mientras algunos ven el acuerdo como una oportunidad histórica, otros temen las consecuencias económicas, sociales y ambientales que podría desencadenar. Pero, ¿qué es Mercosur o Mercado Común del Sur? Se trata de una unión económica que incluye a países sudamericanos como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y otros como Chile, Colombia y Ecuador en calidad de asociados. Durante dos décadas, la Unión Europea ha estado negociando un acuerdo con este bloque, cuyo contenido ha generado gran controversia.
Según muchas críticas, las disposiciones incluidas en este tratado podrían debilitar normativas clave de la UE como el principio de precaución, normativa que protege a los consumidores y a la salud pública. Además, se cuestionan cláusulas específicas diseñadas para resolver disputas entre los inversores y los estados, ya que podrían favorecer a las grandes empresas en detrimento del interés público. Un aspecto particularmente preocupante es la falta de transparencia, y es que numerosos elementos de este acuerdo comercial no han sido plenamente explicados a los ciudadanos europeos, lo que ha favorecido los temores sobre posibles impactos negativos ocultos.
Un pacto entre tensiones políticas y preocupaciones sociales por el acuerdo UE-Mercosur
La firma reciente del acuerdo en Montevideo se produjo en un contexto político bastante agitado, en Francia, el presidente Emmanuel Macron se enfrenta a una crisis interna tras la dimisión de su primer ministro y busca reforzar alianzas para bloquear la ratificación del tratado en el Consejo de la UE. A nivel europeo, las divisiones son evidentes, mientras países como Alemania y España respaldan el acuerdo por los supuestos beneficios potenciales que ofrece a sectores industriales como el automovilístico y farmacéutico, otros países liderados por Francia, temen el impacto sobre los agricultores europeos.
El pacto promete eliminar barreras comerciales y reducir los aranceles en las exportaciones entre ambos bloques, beneficiando a las empresas europeas que operan en los sectores de maquinaria, productos químicos y automóviles. Sin embargo, plantea un desafío importante para el sector agrícola europeo, los agricultores temen que la entrada de productos más baratos y con estándares de seguridad menos estrictos, como la carne de vacuno sudamericana, desestabilice los mercados locales afectando a los ingresos y a la calidad de los alimentos en Europa.
Desde la concepción del acuerdo en los años 90, se han realizado numerosas críticas, ya en 2018, organizaciones como Foodwatch advirtieron sobre los riesgos para los consumidores europeos y el medio ambiente. Se destacó que las normas brasileñas en seguridad alimentaria y uso de pesticidas, son menos estrictas que las de la UE, lo que obligaría forzosamente a Europa a flexibilizar sus propias regulaciones a fin de poder facilitar las importaciones. Por otro lado, el incremento en la producción cárnica en Brasil podría incrementar la deforestación de la Amazonia, contraviniendo los objetivos de sostenibilidad del Pacto Verde Europeo, una clara contradicción.
En 2019, las negociaciones se estancaron a causa de la política ambiental del entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro, pero se reanudaron tras la elección de Luiz Inácio Lula da Silva en el año 2022. A lo largo de 2023, la presión para ratificar el acuerdo aumentó, como ya hemos comentado, por la guerra en Ucrania y la necesidad europea de diversificar sus relaciones comerciales ante la creciente influencia de China en América Latina.
Los detractores de este pacto argumentan que prioriza los intereses comerciales sobre la sostenibilidad y los derechos de los ciudadanos. La deforestación, el uso de pesticidas prohibidos en Europa y la falta de normas de reciprocidad en temas ambientales y laborales, han sido puntos críticos de conflicto. Francia con países como Polonia, Austria y los Países Bajos, exige garantías más sólidas antes de ratificar el tratado, sin embargo, sus promotores lo ven satisfactorio a pesar de que no han aclarado muchos de los puntos negros del acuerdo.
Por otro lado, Italia ha condicionado su apoyo a la inclusión de medidas que protejan a los agricultores europeos, la primera ministra Giorgia Meloni ha pedido controles estrictos sobre los productos importados y un sistema de compensación rápido, en caso de perjuicio para los sectores agrícolas nacionales. Aunque Von der Leyen insiste en que el acuerdo respeta los estándares europeos, el secretismo y la falta de claridad sobre cláusulas cruciales como las relacionadas con la deforestación y el cambio climático han incrementado el escepticismo. La inclusión de una declaración conjunta para abordar estas preocupaciones no ha convencido a los críticos, quienes apuntan que su contenido apenas modifica los términos originales.
Y es que no se termina de aclarar qué ocurre con la legislación europea en materia de seguridad alimentaria, como ya hemos comentado, forzosamente la UE deberá flexibilizar normas que protegen a los ciudadanos europeos en favor del acuerdo con unos países cuya legislación es mucho más relajada y permisiva.
El pacto UE-Mercosur refleja las tensiones inherentes a los acuerdos comerciales modernos, como es el difícil equilibrio entre los intereses económicos, las exigencias de sostenibilidad y la protección de derechos sociales. Aunque es innegable que abrir mercados genera oportunidades para algunas industrias, el coste en términos de desigualdad, seguridad alimentaria, medio ambiente y derechos de los consumidores, podría ser demasiado alto. No es la primera vez ni la última que la UE pone por delante los intereses comerciales a la seguridad de los ciudadanos europeos, recordemos por ejemplo el intento de incrementar el nivel de aflatoxinas para facilitar el comercio internacional, o el intento de aumentar la tasa de mercurio permitida en el pescado de mayor tamaño, estos son sólo dos de los muchos ejemplos que hay.
Foodwatch ha propuesto replantear las relaciones comerciales en base a principios de solidaridad, cooperación y sostenibilidad, alejándose de los acuerdos que priorizan las ganancias corporativas a costa de los ciudadanos, porque es lo correcto y lo más coherente. La lucha por la ratificación del tratado continuará en los próximos meses, veremos qué ocurre con la oposición al tratado que está liderada por Francia. Mientras tanto, es muy importante que los ciudadanos europeos estén atentos y exijan transparencia y responsabilidad en la toma de decisiones, ya que no se puede permitir un comercio a cualquier precio. Europa busca una economía global más integrada, y esto supone un gran número de desafíos y dilemas éticos, estaremos atentos a las novedades.
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