El año pasado se anunció la entrada en vigor de una nueva etiqueta nutricional en Estados Unidos que incluiría información sobre los azúcares añadidos y los azúcares que están presentes de forma natural en los alimentos. El objetivo de esta medida era ayudar a los consumidores a identificar los alimentos ricos en azúcar para intentar reducir el consumo energético que ofrecen los azúcares añadidos. La medida fue aplaudida por unos y rechazada por otros, considerando que el azúcar es azúcar y no era necesario realizar distinciones. En teoría el nuevo etiquetado debía introducirse en el año 2018, con un periodo de gracia hasta el 2019 para las empresas que facturasen menos de 10 millones de dólares anuales.
Ahora, con la posible entrada en la FDA (Agencia de Medicamentos y Alimentación) de Scott Gottlieb, nuevo comisionado de esta agencia propuesto por Donald Trump, la introducción de la etiqueta nutricional con información sobre los azúcares añadidos podría retrasarse unos años. El argumento es que sólo dos años es poco tiempo para que las empresas introduzcan los cambios oportunos, por un lado porque la FDA no ha terminado de preparar las orientaciones saludables relacionadas con las fibras dietéticas y los azúcares añadidos.
A todo esto, añade que la introducción prematura de la etiqueta representa un gasto de cientos de millones de dólares, dinero que se pierde por la falta de coordinación entre los cambios propuestos por la FDA y la introducción del etiquetado transgénico por el USDA (Departamento de Agricultura). Scott Gottlieb quiere trabajar de forma eficiente, por ello manifiesta que es importante reducir los costes del cambio al etiquetado nutricional y dar más tiempo para evitar que se cree confusión entre los consumidores por los continuos cambios que experimenta el etiquetado.
Manifiesta que es necesario que la información que se transmite a los consumidores sea precisa y eficiente, ya que el etiquetado es un asunto de salud pública importante. Pero da la impresión de que lo que realmente importa es la industria, ya que según un estudio sobre el impacto económico que tendría la nueva reglamentación de la FDA, el coste asociado al cambio de etiquetado en un plazo de cumplimiento de dos años ascendería a 4.600 millones de dólares, coste que se podría reducir en casi 2.000 millones si el plazo de cumplimiento se ampliara a cuatro años.
Scott Gottlieb comenta que la administración Obama conocía estos datos y decidió elegir la opción más cara, un cambio rápido en las etiquetas. Para organizaciones como el CSPI (Center for Science in the Public Interest), organización creada en 1971 con el objetivo de defender la salud, la nutrición, la seguridad alimentaria, etc., la industria alimentaria está intentando retrasar proporcionar la información nutricional a los consumidores tanto como sea posible, los argumentos que ofrece el que puede ser nuevo responsable de la FDA son criticados, ya que son claramente favorables a la industria.
El CSPI comenta en este artículo que es alucinante que la industria alimentaria esté luchando contra la transparencia y la información que se proporciona a los consumidores, a pesar de que precisamente esto es lo que piden los consumidores. Para el sector de la industria alimentaria es una buena noticia, sobre todo porque solicitaron en su momento que los cambios se retrasasen hasta el año 2021. Aquí explican que de momento no hay nada seguro, ya que todavía se debe votar en el Congreso si Gottlieb será el nuevo responsable de la FDA, pero todo parece indicar que el puesto será para él, lo que representará una batalla perdida en favor de la transparencia informativa relacionada con los alimentos.
