El fraude en las importaciones agrícolas procedentes de Marruecos supone un desafío de peso para las economías de España y de la Unión Europea, se trata de un problema que implica prácticas como la evasión fiscal en las aduanas, el incumplimiento de contingentes establecidos, es decir, la violación de los límites acordados sobre las cantidades máximas de los productos que pueden ser importados en condiciones preferenciales, como por ejemplo con aranceles reducidos o sin ellos, y un etiquetado incorrecto del origen de los productos, lo que genera pérdidas económicas y afecta a la competencia leal en el sector agrícola.
Responder a la pregunta qué coste tiene para las arcas españolas y europeas el fraude en frontera de las importaciones agrícolas marroquíes es complicado, la razón es que es complejo determinar una cifra exacta, pero diversos informes y denuncias han puesto de manifiesto su magnitud.
COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) ha denunciado en reiteradas ocasiones, que este tipo de prácticas fraudulentas generan competencia desleal, afectando a la rentabilidad de los productores europeos y poniendo en riesgo la sostenibilidad del sector, pero parece que estas denuncias suelen caer en saco roto.
Merece la pena recordar que el año pasado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), anuló los acuerdos comerciales de 2019 entre la UE y Marruecos en materia de pesca y productos agrícolas, con el argumento de que no contaban con el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, pero a pesar de la sentencia, las importaciones agrícolas marroquíes han continuado y han dado lugar a todo tipo de críticas a las autoridades competentes por parte de las organizaciones agrarias, que exigen de una vez por todas la suspensión inmediata de esos acuerdos.
Hoy conocemos la puesta en marcha el próximo 16 de enero de un webinar titulado «Evasión fiscal en las importaciones agrícolas de Marruecos», que pone en marcha COAG para analizar y debatir estos problemas. Junto a la ONG Mundubat, el Frente Polisario y la Confederation Paysanne francesa, se abordarán las implicaciones de la sentencia del TJUE y se profundizará en las consecuencias para los agricultores españoles y franceses.
El fraude en las importaciones agrícolas marroquíes tiene un impacto económico negativo en nuestro país y en la Unión Europea, genera competencia desleal y cuestiona la eficacia de los acuerdos comerciales vigentes (papel mojado). Cuando Marruecos o los importadores introducen más cantidad de producto del que permite el acuerdo (muchas veces aprovechándose de irregularidades en los controles fronterizos o manipulando el origen de las mercancías), perjudica a los productores comunitarios porque se inunda el mercado con productos mucho más económicos que, además, en muchos casos incumplen las regulaciones sanitarias, afectando a los precios locales y generando pérdidas al no aplicar los aranceles correspondientes.
Recordemos que otro tema crítico que se relaciona con las importaciones agrícolas marroquíes es el uso en los cultivos de productos fitosanitarios prohibidos en la UE. Son muchos los estudios y controles que han detectado la presencia de residuos de pesticidas y herbicidas no autorizados en los productos alimentarios importados desde Marruecos (melones, sandias, tomates, fresas, etc.), muchos de ellos restringidos debido a sus riesgos para la salud humana y el medio ambiente.
Esta situación genera una evidente contradicción, mientras los agricultores europeos están obligados a cumplir normas fitosanitarias muy estrictas, lo que supone mayores costes de producción, los alimentos procedentes de Marruecos se benefician de controles “testimoniales” en la frontera, entrando al mercado comunitario sin cumplir con los mismos estándares. No es extraño que la falta de acciones por parte de las autoridades europeas frente a las irregularidades citadas, haya llevado a diferentes organizaciones agrarias y consumidores a denunciar esa «doble moral».
No tiene sentido que mientras se exige a los agricultores europeos que garanticen la seguridad alimentaria y la sostenibilidad, se permita la entrada de productos que no cumplen con estas normas, perjudicando tanto a los productores como a los consumidores. Claro, que en este caso la UE tiene buena parte de culpa, basta con retomar la lectura del post Plaguicidas boomerang, un riesgo invisible en los alimentos, para entender las razones.
Es imperioso que las autoridades europeas y españolas refuercen los controles fronterizos y adopten medidas efectivas que garanticen el cumplimiento de las normativas comerciales, incluyendo los controles sobre la presencia de productos fitosanitarios prohibidos, siendo el modo correcto de proteger los intereses de los productores locales y asegurar una competencia justa en el mercado agrícola.