El año pasado en Filipinas se anunció la introducción del impuesto del azúcar con el propósito de mejorar la salud de los ciudadanos, reducir el índice de obesidad y reducir el gasto sanitario derivado de las enfermedades que se asocian al exceso de peso. Pero para los legisladores del país esta acción es sólo un primer paso, ya que ahora han centrado su atención en el contenido de sal de los alimentos procesados, considerando que es necesario aplicar un impuesto a aquellos productos alimenticios que excedan en el contenido en sal, en base a los límites establecidos por el Departamento de Salud del país.
El Proyecto de Ley para imponer el impuesto de la sal en Filipinas no ha sido bien recibido, crispando los ánimos de algunos políticos, legisladores y consumidores que acusan a quienes pretenden impulsar el proyecto de intentar aumentar los ingresos de las arcas del Estado, argumentos que ya hemos escuchado en otras ocasiones con motivo de la introducción del impuesto de los refrescos. Sus opositores consideran que se trata de un impuesto que va en contra de quienes tienen una economía más deprimida, ya que aumentaría el precio de muchos productos que habitualmente son consumidos por este estrato social, como los fideos procesados listos para consumir.
Este Proyecto de Ley se presentó a finales del año pasado y tiene como cometido modificar el artículo 151 del Código Nacional de Rentas Internas de 1997 como medida de presión para forzar a los ciudadanos a que adopten una dieta más saludable. El impuesto pretende gravar con un peso filipino (0’017 euros) cada miligramo de sal cuando su contenido exceda en un tercio la ingesta diaria admisible, establecida en 500 miligramos por el Departamento de Salud del país, apuntando que la regla se aplicaría al cloruro de sodio o a cualquiera de sus derivados, ya que, como sabemos, la industria alimentaria designa al azúcar y a la sal de diferentes modos, a menudo para disuadir al consumidor.
Con esta regla, unos fideos preparados que se comercializan a 6’85 pesos filipinos (0’12 euros), pasarían a costar 800 pesos filipinos (14’15 euros) debido a su elevado contenido en sal, que supera en casi el doble la ingesta diaria máxima admisible. Los precios de muchos alimentos se dispararían de forma especulativa e inevitablemente afectaría a los ciudadanos con economías más deprimidas, de ahí que se considere un gravamen “anti-pobres”. De momento, el Proyecto de Ley cuenta con el apoyo del Departamento de Hacienda, como parte de un paquete de “impuestos de salud” en el que también se encuentra el impuesto del azúcar.
Varios políticos y legisladores denuncian el gravamen y piden a la Cámara de Representantes que no permitan que un impuesto de estas características se apruebe. Por otro lado, una de las asociaciones de consumidores más importantes de Filipinas se ha pronunciado contra el gravamen, considerando que es totalmente injusto y que parte de culpa de que los alimentos tengan más sal se debe al mal proceder del gobierno. En 1995 se aprobó una ley que obligaba a la industria alimentaria a utilizar sal yodada en los alimentos procesados en su justa medida, por lo que el consumo de sal formaba parte de la política nutricional del Gobierno, así que deberían ser las empresas alimentarias las que se hicieran cargo del impuesto y no los consumidores más pobres.
La industria alimentaria debería ser obligada a reformular sus productos para que sean más saludables, de este modo no sería necesario aplicar ningún tipo de gravamen. Es evidente que el contenido de sal en los alimentos elaborados y procesados no es acorde a las directrices del Consejo Nacional de Nutrición, por lo que quienes están en contra del impuesto piden que se resuelva la situación a través de un plan de desarrollo para la industria. Lo cierto es que nos ha sorprendido lo elevado que resultaría el gravamen, pero más el contenido en sal, ya que es la causa de que se multiplique el precio de los productos de forma exagerada.
Según comentan aquí, quienes respaldan la iniciativa argumentan que en otros países como Vietnam, Kenia o Sri Lanka, entre otros, tienen una legislación que integra un elevado gravamen sobre el contenido en sal a fin de proteger la salud. Por tanto, si Filipinas adopta una medida de estas características, contribuirá a garantizar la seguridad y bienestar de los filipinos. Esta es una justificación que tiene poco peso, los protegerá de la sal, pero les privará de poder comer, está claro que la solución no es un impuesto de la sal en Filipinas.
Foto 1 | D.L.
Foto 2 | Dubravko Sorić