En noviembre del año pasado, un profesor emérito de política agrícola europea en el Trinity College, propuso en una asamblea de ciudadanos de Irlanda, asamblea constituida por 99 ciudadanos elegidos como representación de la población para tratar temas clave que afectan al país, introducir un impuesto a las emisiones agrícolas. En su momento la propuesta no fue bien recibida, ya que algunos de los miembros de esta asamblea consideraban que la medida incrementaría el precio de los alimentos.
Han pasado seis meses desde entonces y parece que las cosas han cambiado, ahora nueve de cada 10 miembros de esta asamblea apoyan esta y otras medidas. Ayer, la Asamblea de Ciudadanos de Irlanda presentó el informe en el Parlamento con la propuesta para introducir un impuesto a las emisiones agrícolas en Irlanda, argumentando que su aplicación podría llevar al país a liderar la lucha contra el cambio climático. En este informe se plantea también incentivar a los agricultores que adoptan prácticas regenerativas que devuelven el CO2 al suelo, realizar más esfuerzos para combatir el desperdicio alimentario, etc.
La propuesta del impuesto se produce porque, a pesar de que existen esquemas para que los agricultores trabajen en modelos basados en la eficiencia alimentaria, en la gestión de los pastos, en la genética del ganado, etc., para reducir las emisiones contaminantes para el año 2030 en un 30% en relación a los niveles del 2005, no se cree que se pueda alcanzar esta meta, a menos que se introduzca el mencionado impuesto. Por otro lado, creen necesario ofrecer recompensas a los agricultores que llevan a cabo las prácticas contempladas en los esquemas, y que los ingresos obtenidos con el impuesto se reviertan en apoyar a las prácticas agrícolas que son respetuosas con el medio ambiente, dejando claro que el dinero recaudado no debe acabar en las arcas del Estado.
La asamblea de ciudadanos solicita en su propuesta, con un respaldo del 93% de sus miembros, que se aborde la problemática del desperdicio de alimentos, mediante la introducción, por parte del Gobierno, de un sistema de medición obligatoria y notificación de desechos alimentarios en todos los eslabones de la cadena de suministros y distribución de alimentos, ya que consideran que con esta transparencia se logrará reducir significativamente el desperdicio alimentario. Se pide al Gobierno que establezca un órgano independiente que coloque el cambio climático en el centro de las políticas del país como una cuestión prioritaria que requiere la máxima atención, de hecho, la mayoría de los miembros de la asamblea de ciudadanos manifiesta estar de acuerdo con pagar más impuestos a fin de que se financien medidas contra el cambio climático en todos los contextos.
Como era de esperar, a la Asociación Irlandesa de Agricultores (IFA) no les ha parecido razonable la solicitud del gravamen a las emisiones agrícolas, se considera que no es recomendable para el sector y que sería una política fallida, ya que no se pueden cargar más impuestos al sector sabiendo que en las emisiones nacionales no se imponen reducciones. Según los datos de esta asociación, las emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura de Irlanda han disminuido un 3’5% desde 1990, pero paralelamente, las emisiones nacionales han aumentado un 10’4%, emisiones que proceden de otros sectores, destacando el transporte, donde se han incrementado en un 139%. Sabiendo esto, es lógico que se considere que el impuesto es injusto y poco realista.
Sin embargo, la IFA está de acuerdo con algunos puntos del informe de la asamblea de ciudadanos, como la puesta en marcha de proyectos con energías renovables y limpias en el transporte, la producción de electricidad limpia, etc., pero no quieren oír hablar de más impuestos. Consideran que el informe de la asamblea de ciudadanos brinda una oportunidad para reactivar el debate sobre cómo debe responder el país al desafío climático de un modo más pragmático, poniendo en marcha lo que verdaderamente funcione.
Aunque hemos citado sobre todo dos propuestas, en el informe presentado al Parlamento se recogen un total de 13, además de otras cuatro recomendaciones anexas que podéis conocer a través de este artículo de su página web. La asamblea ciudadana de Irlanda fue establecida en 2016 y considera todo tipo de cuestiones políticas, aborto, envejecimiento de la población, cambio climático, elecciones, etc., se encarga de preparar informes con peticiones en base a lo que opina la comunidad para trasladarlos al Parlamento para su debate. Es una lástima que España no cuente con un organismo así.
Foto 1 | Andrew Wilkinson
Foto 2 | Peter Mooney
