En los presupuestos generales de 2018 de Portugal se ha introducido un impuesto a los alimentos con exceso de sal, gravamen que ya se ha empezado a conocer popularmente como el impuesto de las patatas fritas, debido a que se aplicará a alimentos como las patatas chips, las galletas y los cereales. Como en todos los casos en los que se han introducido este tipo de gravámenes en la alimentación, la excusa es la preocupación por la salud de los consumidores, aunque para muchos es evidente que se trata de medidas que sólo tienen la finalidad de recaudar fondos para las arcas de los Estados.
El Ministerio de Hacienda ha propuesto un impuesto de 0’80 euros por cada kilo de alimento que contenga más de 10 gramos de sal, o lo que es igual, que se supere el gramo de sal por cada 100 gramos de producto, los productos envasados que no excedan este límite estarán exentos de pagar la nueva tasa. Merece la pena recordar que a principios de año en el país luso se introdujo el impuesto de los refrescos, las bebidas que contienen hasta 80 gramos de azúcar por litro deben asumir una tasa de 0’15 euros, y las que superan esta cantidad de azúcar deben pagar un gravamen de 0’30 euros.
Parece que el Gobierno de Portugal le está cogiendo el gusto a aplicar impuestos a los alimentos considerados poco saludables con la excusa de mejorar la salud de la población, aunque como hemos indicado antes, no son pocos los que creen que es un modo de incrementar la afluencia de dinero a las arcas del Estado. Hace algunos años se habló de introducir un impuesto sobre el fast food en Portugal, propuesta realizada por el Decano del Colegio de Médicos del país que fue trasladada al Ministro de Salud, pero parece que se desestimó, y ahora nos hace pensar que quizá el año que viene se presente la propuesta.
El nuevo gravamen ha sido aprobado y está introducido en los presupuestos del año que viene, apuntando que es una medida para promocionar la salud y la prevención de enfermedades asociadas al abuso del consumo de sal. Se asegura que los ingresos obtenidos se destinarán a la oficina nacional de salud para la puesta en marcha de programas para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación. Claro, que el impuesto de la sal todavía no es definitivo ya que los presupuestos se deben votar a finales del mes de noviembre y el Gobierno, dado que tiene minoría en el Parlamento, necesitará apoyos políticos para su aprobación, aunque todo indica que es muy posible la introducción del nuevo gravamen.
Pero también se explica que el sistema de impuestos se ha diseñado para reducir el déficit presupuestario del país en un 1% del PIB (Producto Interior Bruto) por quinto año consecutivo. Se prevé que con las medidas adoptadas (impuestos varios) el endeudamiento se reducirá del 126’2% del PIB en el presente año, al 123’5% del PIB en 2018. Parece que es evidente que el impuesto de la sal tiene una finalidad recaudatoria, por mucho que se adorne con el tema de la salud, a saber cuánto dinero se destinará a esos programas de salud anunciados. El Gobierno de Portugal espera poder recaudar unos 40 millones de euros en el 2018 con el impuesto de las patatas fritas, con el de los refrescos espera recaudar 80 millones de euros y por cierto, se planea incrementar este impuesto hasta en un 1’5% dependiendo de los niveles de azúcar.
Según leemos aquí, con el gravamen una bolsa de patatas chips marca Ruffles de 170 gramos, con un contenido de sal igual o superior a 1 gramo por cada 100 gramos de producto, pasará de 1’70 euros a 1,87 euros con IVA incluido. Un paquete de patatas Pringles de 190 gramos, cuyo precio es de 2’35 euros, pasará a costar 2’54 euros, un paquete de galletas María de 200 gramos sufrirá un aumento de 20 céntimos y así un largo etcétera. En vez de obligar a la industria alimentaria a reducir la cantidad de sal (esto si demostraría preocupación por la salud de la población), se prefiere introducir un impuesto a sabiendas de que muchos consumidores seguirán adquiriendo estos productos y garantizando un ingreso en las arcas del Estado.
Se puede decir que sólo se está arañando la superficie en lo que respecta a los gravámenes alimentarios, es posible que en un futuro a corto o medio plazo se plantee ampliar este tipo de medidas recaudatorias, por ejemplo, aplicar el impuesto del azúcar que actualmente grava a las bebidas a otros sectores como los chocolates y productos de confitería, tal y como propuso en el Reino Unido la organización Action on Sugar (AoS), o ampliar el impuesto de la sal a snacks y otros productos de alimentación, etc.