Nuestro país se opone a la renacionalización de las decisiones individuales de cada país sobre el cultivo de transgénicos, es decir, veta que exista libertad por parte de cada país perteneciente a la UE para que apruebe o vete el cultivo de transgénicos según su criterio. Da la impresión de que peligra el nuevo sistema de evaluación y autorización de alimentos transgénicos propuesto por la Comisión Europea y con el que se pretende eliminar el intento de imponer este tipo de cultivos en los países miembros.
Como ejemplos sobre anteriores intentos de imposición del cultivo de transgénicos, podemos citar el veto que mantiene Francia contra el cultivo de maíz transgénico y los continuos intentos de la presidencia de la CE para que levantara el veto. Han sido numerosas reuniones las realizadas para intentar que países como Francia, Grecia o Austria entre otros, aceptaran los cultivos transgénicos, los argumentos ofrecidos por la CE no lograban convencer a los países opositores que habían decidido adoptar el principio de precaución ante este tipo de alimentos. Pero de repente, la política de la Comunidad Europea cambiaba y decidía adoptar un nuevo sistema de evaluación y autorización de alimentos transgénicos, permitiendo que cada país renacionalizara esta decisión, el que quiera que cultive transgénicos y el que no, que los vete.
Personalmente desconfiábamos de este giro tan radical en la política de la Unión Europea, no tenía mucho sentido y menos sabiendo que el pulso para obligar a plantar semillas transgénicas ha sido una tónica dominante. Pues bien, hay que creer que peligra el nuevo sistema de evaluación y autorización de alimentos modificados genéticamente, propuesta que se presentará el próximo mes en Bruselas y a la que España, y concretamente la ministra Elena Espinosa, se opone. Como sabemos, nuestro país ejerce la presidencia de turno de la UE y desde esa posición se pronuncia tajantemente en contra del nuevo sistema argumentando que debe ser un programa europeo el que apruebe o vete los cultivos transgénicos y que a él, se deben someter todos los países de la UE.
Es decir, básicamente es lo que ha mantenido constantemente hasta no hace mucho el presidente de la Comisión Europea José Manuel Durao Barros, recordemos su reacción cuando 13 países firmaban un documento y solicitaban la libre decisión sobre el cultivo de transgénicos. Bulgaria, Grecia, Malta, Letonia, Eslovenia, Hungría, Austria, Luxemburgo, Chipre, Irlanda, Polonia, Lituania y Holanda abogaban por un respeto y un carácter expectante a este tipo de decisiones. José Manuel Durao Barros declaró que tomaba nota de la sugerencia pero indicaba (como declara ahora España), que no era positivo renacionalizar este tipo de decisiones.
No nos sorprende que la presidencia española de turno de la UE se niegue a este tipo de resoluciones, sus negativas se amparan en que debe ser un programa europeo el que decida, recordemos que España es el país de la UE con más superficie dedicada al cultivo de transgénicos acaparando el 80% del total de la producción, de ello hablábamos en el post Los cultivos transgénicos alcanzaron los 134 millones de hectáreas en 2009. Por otro lado, cabe destacar que España es un campo de pruebas de los alimentos transgénicos, la última noticia nos mostraba que se estaban preparando además, nuevas investigaciones con alimentos transgénicos en España, Monsanto, Bayer, Syngenta… ultimaban más de un centenar de parcelas experimentando con nuevos cultivos transgénicos, por tanto no nos sorprende la declaración realizada por Elena Espinosa, la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Pero, ¿qué tiene que ver lo que decida España y que permita el crecimiento exponencial de cultivos transgénicos en suelo español, con la libertad de cada país para aceptar o no este tipo de cultivos?
Según la ministra, España pide desde hace mucho tiempo una directiva europea de coexistencia común para todos los estados miembros en materia de transgénicos. No entendemos la postura de vetar la decisión libre de cada país en esta materia y mucho menos los argumentos que se ofrecen para ello. La ministra se posiciona claramente a favor del cultivo de alimentos transgénicos, algo que ya sabíamos, recordemos es post El Ministerio de Medio Ambiente apoya los alimentos ecológicos, pero también los transgénicos. Se obvia el riesgo de los alimentos transgénicos y el MARM, a pesar de reconocer que existen afectados por los alimentos transgénicos en España, valora la producción de transgénicos por encima de todo.
El comunicado español enturbia el nuevo sistema de evaluación y autorización de alimentos transgénicos que se debe proponer en breve, no nos extrañará en absoluto que la iniciativa no prospere. Para echar más leña al fuego, la ministra respalda la agilización de los procesos de autorización de los cultivos de alimentos modificados genéticamente. La legislación actual exige a los países miembros opositores a los transgénicos que justifiquen la prohibición, ya que de lo contrario pueden ser denunciados ante la OMC (Organización Mundial del Comercio). El sistema democrático y la libertad de elección individual de cada país son cuestiones vetadas, parece que es la dictadura de los alimentos transgénicos lo que debe prevalecer.
Esperemos que la propuesta que se presentará el próximo mes de julio sobre el sistema de evaluación y autorización de alimentos modificados genéticamente prospere y sea cada país el que decida si aprueba o no los cultivos transgénicos en su territorio, cada uno que haga en su casa lo que crea más conveniente.
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