Algunos países de la Unión Europea creen que sería positivo poner como requisito obligatorio la identificación del origen de la carne utilizada como ingrediente en los productos procesados, consideran que los beneficios justificarían el posible sobrecoste de la medida. Sin embargo, existe oposición a la identificación de la carne utilizada en productos procesados, países como España, Luxemburgo, Alemania, República Checa, Irlanda, Rumanía y Reino Unido, no quieren que se identifique el país de origen de la carne que se utiliza en los productos procesados.
Hace unos días hablábamos del caso de Reino Unido, la industria alimentaria no estará obligada a informar sobre la procedencia de la carne utilizada en los productos preparados, salsas con carne, lasaña, canelones y cualquier otro que contenga carne, estará exento de identificar el origen. El argumento para ello es el sobrecoste, de hecho, una investigación independiente encargada por la Comisión Europea concluyó que este etiquetado encarecería los alimentos y los consumidores no estarían dispuestos a pagar ese aumento de precios. Pero parece que la realidad es otra, por la forma en la que ha actuado el Gobierno del país, se podría deducir que la presión de la industria ha tenido mucho que ver para que el Consejo de Ministros haya aceptado que los fabricantes no estén obligados, por el momento, a declarar la procedencia de las materias primas cárnicas.
Resulta gracioso saber que el Ministro de Alimentación de Reino Unido ha declarado ante el Consejo de Ministros de agricultura de la Unión Europea, que los sistemas voluntarios existentes de identificación funcionan bien para los consumidores del país. Claro, por eso se produjo el escándalo de la carne de caballo o la adulteración del kebab de cordero en establecimientos del país, recordemos que sustituían parte o toda la carne de cordero por otra de menor valor comercial, pollo, pavo, etc. Además, hablando de hechos más recientes, se puede citar el estudio realizado por expertos de la Universidad de Nottingham Trent, en el que se concluye que en Reino Unido se comercializan productos cárnicos mezclados con sangre y despojos, ingredientes que por supuesto no están identificados en las etiquetas alimentarias.
Con este tipo de escándalos alimentarios relacionados con la carne, ¿cómo es posible que el ministro británico declare que el sistema que tienen funciona bien? Por otro lado, argumenta que la propuesta legislativa no está justificada, ya que los costes no son proporcionales a los beneficios que se obtendrían. Este debate sobre la necesidad de identificar la carne utilizada en productos procesados se generó a raíz del escándalo de la carne de caballo, en aquel entonces era algo reciente y todos los países estaban de acuerdo en adoptar medidas, pero al cabo de un año y medio, ya no existe tal consenso ni convencimiento. Los que se oponen se apoyan en el mencionado informe en el que se concluye que los consumidores querrían tener más información acerca de la procedencia de la carne de los productos alimenticios, pero no querrían pagar más por ello.
La Unión Europea calcula que la inclusión del origen de las materias primas cárnicas en las etiquetas alimentarias supondría un coste medio de un 15%, nos parece desproporcionado y exagerado. Por otro lado, sería interesante saber en qué se han basado para calcular semejante incremento en los alimentos si se incluyera la identificación de la carne. Pero hay más, el Ministro de Agricultura de Rumanía llega a aseverar que los costes podrían incrementarse hasta en un 50%, basa esta afirmación en un informe redactado por la industria cárnica rumana. Lo coherente habría sido que el informe lo hubiera realizado una comisión independiente y no el sector afectado.
Sólo Malta, Suecia y los Países Bajos se han mostrado totalmente partidarios a la inclusión obligatoria de la información sobre el origen de la carne, consideran que los consumidores deben poder tener acceso a la información para tomar una decisión a la hora de adquirir los alimentos, y además concluyen que las empresas alimentarias deben mantener los costes lo más bajos posibles. En realidad, estos sobrecostes deberían ser asumidos por la industria ya que tiene la obligación de informar al consumidor sobre lo que va a comprar, sin embargo, tanta oposición por parte de la industria nos hace sospechar.
Por otro lado, y retomando el caso de Reino Unido, recordemos que el partido político de David Cameron lanzó una campaña de honestidad alimentaria y prometía etiquetas obligatorias que identificaban claramente la procedencia de las materias primas utilizadas en los alimentos preparados, esto antes del escándalo de la carne de caballo. Posteriormente y tras este problema, la campaña se retomó e incluso el secretario de Medio Ambiente invitaba a la Unión Europea a acelerar los planes para etiquetar el origen de la carne procesada. Sin embargo, como una veleta, ha cambiado su postura, las propuestas de etiquetas obligatorias se han disipado de forma silenciosa y en su lugar se ha decidido que la industria alimentaria de Reino Unido no esté obligada a informar sobre la procedencia de la carne.
Según leemos en este artículo de Global Meat News, el debate sobre la identificación de las materias primas cárnicas será considerado por el Comisionado de Salud de la UE, así como el dictamen del Parlamento Europeo antes de proponer cualquier nueva reglamentación. El Comisionado adelanta que una medida de estas características no será gratis, supone un incremento en los costes de los alimentos y no sabe quién los asumirá, es de suponer que al final y como suele ocurrir, serán los consumidores quienes deban pagar. No tardaremos mucho en conocer novedades sobre este tema.
Foto 1 | Bob Jagendorf
Foto 2 | elsie.hui