Parece ser que el objetivo del impuesto de los refrescos en Catalunya no surge precisamente con la intención de mejorar la salud de la población catalana, aunque se ha manifestado que la finalidad es encarecer las bebidas azucaradas para que se reduzca el consumo y por consiguiente, que se reduzca el riesgo de sobrepeso, obesidad, diabetes, etc. Hoy podemos saber que ANFABRA (Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes Analcohólicas), apunta que esta medida es una respuesta a la decisión del distribuidor de Coca Cola de Catalunya de trasladar su sede social a Madrid.
Recordemos que en el post Impuesto de los refrescos en Cataluña explicábamos que los argumentos expuestos por el nuevo gobierno autonómico ensalzaban el deseo de mejorar la salud, pero se trataba de un decretazo y no se había realizado previamente un estudio que avalase los beneficios de la medida, tampoco se había sometido a un debate en el Parlament de Catalunya. Un decretazo no es nada bueno y no se ajusta a lo que nosotros consideramos un marco democrático. Al margen de las declaraciones de ANFABRA y del objetivo expresado por el Gobierno catalán sobre la finalidad del impuesto, parece que la verdadera razón es obtener ingresos adicionales.
Con esta medida se pretende recaudar casi 22 millones de euros al año y por otro lado, también está la intención de encarecer las bebidas para que se reduzca el consumo, pero el incremento del precio es bastante reducido, por lo que no se obtendrían los resultados deseados. Se pretende gravar con 0’024 céntimos una lata de refresco y el formato de dos litros con 0’15 euros, como podéis comprobar es una subida muy leve que hace cuestionar seriamente la efectividad de la medida en lo que respecta a reducción de consumo y mejora de la salud (por supuesto, esto no quiere decir que estemos de acuerdo con el impuesto).
Es interesante retomar la lectura del post Impuestos en los alimentos poco saludables, medidas poco eficaces, también es interesante recordar el post El impuesto de la grasa debe ser de un 20% como mínimo, un estudio desarrollado en el Reino Unido sugería un impuesto más elevado para poder reducir el consumo, con cantidades poco significativas la medida no tendría efectividad. Otros estudios similares han concluido que un gravamen fiscal de un 35% en los refrescos permitiría una reducción del 26% del consumo. Pero, ¿qué se haría con el dinero recaudado?, ¿se destinaría a abaratar los alimentos saludables?, ¿a crear una asignatura de nutrición?, ¿a subvencionar la administración de salud?, a estas cuestiones no se hace ninguna referencia, algo que refuerza aún más la finalidad recaudatoria de la medida.
ANFABRA ha puesto sus argumentos sobre la mesa para rebatir lo que dice el Gobierno catalán, según sus datos, “La contribución de las bebidas refrescantes a la ingesta de energía diaria de la población española es del 1%», por otro lado, en nuestro país las bebidas light representan un 30% del total de bebidas refrescantes que se comercializan. En este aspecto, no sabemos si también se pretende gravar a las bebidas light, aunque es fácil deducir que se incluirían en la medida con otros argumentos, recordemos que en Francia se aplica y la excusa es que la EFSA está preocupada por los efectos que los edulcorantes pueden tener en la salud, argumento que para la industria de las bebidas puede tener poca solidez, pero puede ser una justificación perfecta para gravar este segmento de bebidas bajas en calorías y azúcar.
La Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes Analcohólicas declara que es una medida discriminatoria, ya que no se aplica el gravamen a todos los productos que contienen azúcar, como por ejemplo la bollería industrial u otros alimentos que contribuyen al sobrepeso y la obesidad. Quizá también se plantee aplicar un impuesto similar a este segmento de productos, pero de momento sólo están en la palestra las bebidas. Para algunas empresas el impuesto es simplemente un castigo por pretender cambiar la sede social de la distribuidora de Coca Cola en Catalunya.
Aunque creemos que el gravamen no es muy significativo, desde la industria se cree que el aumento de precios podría suponer una reducción de consumo y por tanto la Generalitat no recaudaría lo que prevé, a esto hay que añadir el carácter discriminatorio del impuesto de las bebidas azucaradas en la industria catalana frente a la industria del resto del país. En el artículo de La Información, indican también que sería una discriminación frente a la Unión Europea, pero hay que recordar lo ocurrido en Francia. En todo caso, quienes terminan pagando estas medidas son los consumidores, no se reformularán las bebidas, no se instaurará una asignatura de nutrición, no se abaratarán los alimentos considerados saludables, en resumen, no se aplicarán medidas que realmente sean efectivas para mejorar la salud.
En fin, seguramente no tardaremos en conocer nuevas noticias al respecto.
Foto | Timsamoff
