Según un análisis realizado por la organización de consumidores alemana Foodwatch, la actual propuesta de reforma de la Comisión Europea para modificar la legislación alimentaria de Europa es insuficiente e inadecuada, ya que no se abordan las lagunas existentes en la legislación que han permitido que se produzcan escándalos alimentarios como el de la carne de caballo, la presencia de fipronil en los huevos, la leche de fórmula contaminada de Lactalis, etc. Foodwatch comenta que los escándalos alimentarios demuestran las debilidades de la legislación alimentaria de la UE y que mejorar la evaluación de riesgos no es suficiente para evitar este tipo de sucesos.
La legislación actual no permite que se mantenga de forma sistemática la trazabilidad en la cadena alimentaria, no existe un sistema que permita informar al consumidor rápidamente sobre los riesgos para la salud de los alimentos, la UE no impone a las autoridades nacionales la obligación de informar a la población en un caso de fraude o engaño alimentario, etc. La organización de consumidores señala varios puntos negros que se han de subsanar y que lamentablemente, y a pesar de todos los escándalos alimentarios acaecidos, se sigue sin solventar con la reforma de la legislación alimentaria europea.
Entrando en antecedentes, el Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo en el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, fue adoptado en el año 2001 como respuesta a la crisis de la enfermedad de las vacas locas. Ahora se está revisando como parte del proceso Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT), que forma parte del programa «Legislar mejor» de la Comisión Europea, la propuesta presentada el pasado mes de abril para reformar la mejora de la evaluación de riesgos, algo que resulta insuficiente para evitar los escándalos alimentarios.
Foodwatch considera que las organizaciones de consumidores europeas deberían poder contar con derechos para poder garantizar que las disposiciones de la legislación alimentaria se aplican de manera efectiva, apuntando que, si fuera necesario, se pudiera hacer a través de los tribunales y de un modo similar al que establece la Unión Europea para las organizaciones medioambientales. La organización explica que la reforma propuesta sólo contempla mejoras en la evaluación de riesgos de sustancias peligrosas, por ejemplo, el tema de la autorización de plaguicidas.
Las deficiencias existentes deben eliminarse, es necesario llevar a cabo una reforma profunda de la legislación alimentaria europea, ya que de lo contrario, este tipo de escándalos alimentarios se seguirán sucediendo, se pondrán a la venta alimentos en condiciones de riesgo que millones de consumidores comprarán. Se denuncia que las autoridades competentes y la industria no han sido capaces de seguir la trazabilidad de los productos, además, sabiendo el nombre de los productos afectados, en muchas ocasiones no se ha informado hasta muy tarde al consumidor, esto es algo que debe cambiar.
Los responsables de Foodwatch Internacional consideran que no basta con mejorar sólo la evaluación de riesgos, es necesario eliminar las lagunas y mantener con eficacia el cumplimiento de la legislación alimentaria porque, de lo contrario, es cuestión de tiempo que la UE se vuelva a enfrentar a otro escándalo alimentario grave. Se denuncia que las disposiciones comunitarias sobre una completa trazabilidad de la cadena alimentaria nunca se han aplicado, y no tienen sentido, no es extraño que se hayan producido escándalos alimentarios como los antes citados y que la voz de alarma se haya dado tarde.
Esto ha permitido que millones de productos alimentarios fraudulentos o considerados no seguros se hayan introducido en el mercado y hayan permanecido durante cierto tiempo en él, hasta que las autoridades y empresas alimentarias han podido rastrear el origen de estos productos para sacarlos de los lineales de las tiendas y supermercados. La organización de consumidores considera que la legislación alimentaria de la Unión Europea debería dejar bien claro que las autoridades nacionales deben informar de forma rápida y completa a los consumidores ante cualquier incidencia alimentaria, dando a conocer detalladamente la relación de productos y empresas implicadas, tanto en el caso de riesgo para la salud como en el caso de fraude.
Probablemente la organización de consumidores iniciará una campaña y emprenderá diversas acciones para intentar forzar a la Comisión Europea a que realice una evaluación detallada y elimine las lagunas legislativas, en este sentido sería interesante que el resto de organizaciones de consumidores de la UE se unieran a la petición. Podéis conocer más detalles sobre la solicitud a través de la página oficial de Foodwatch, en este enlace (Pdf) podréis conocer más detalles del análisis realizado por esta organización, titulado Cómo falla la legislación de la UE a la hora de proteger a los consumidores de los escándalos de alimentos.
Foto 1 | WILL POWER
Foto 2 | United Soybean Board
2 comentarios
Dice por ejemplo: Se denuncia que las autoridades competentes y la industria no han sido capaces de seguir la trazabilidad de los productos. Es logico, tienen intereses comunes, o es que no lo sabiais?, o es que pretendiais engañarnos con toda esa parafernalia institucionalista? No nos podemos fiar de las autoridades, son juez y parte. Basta ya de tratar a los contribuyentes como si nos faltara un hervor. Las autoridades legislan al servicio de la industria, siempre lo han echo, a que viene ahora rasgarse las vestiduras? Ha, hay que seguir vendiendo, hay que seguir metiendosela doblada al primero que se ponga por delante, claro, ahora lo entiendo todo.
El verdadero problema de la legislación alimentaria es que es muy variada, y se mueve entre el derecho romano y el derecho anglosajón. Además, cuando los eurodiputados y los tecnócratas aprueban reglamentos, directivas, etc., éstas deben transponerse al Derecho de cada país mienbro de la UE.
Para mas inri, las Comunidades autónomas no protegen ni son capaces de dar soporte a los servicios veterinarios oficiales. La mayoría de las veces los veterinarios tienen que actuar como si fuesen Licenciados en Derecho, intentando desgranar los articulados de las Directivas comunitarias que no se han traspuesto al Derecho español, y encima les exigen que hagan su trabajo de inspección.
¿ Qué podemos decir de las industrias alimentarias ? Pues bien, la mayoría son pymes que se juegan su patrimonio personal y su prestigio, e intentan y muchas lo consiguen, abrir todos los días enfrentándose a un mercado competitivo, donde no tienen las mismas armas para competir que las grandes multinacionales.
Resumiendo, crear más leyes no va a conseguir que exista fraude. Los consumidores tenemos que tomar «decisiones racionales» en el momento de la compra, y evitar comprar «duros a 4 pesetas» .