Mañana miércoles 17 de mayo se vota en el Parlamento de Canadá si se aprueba o no la Proposición de Ley C-291, conocida como la Ley del etiquetado transgénico, reglamentación que tiene el cometido de identificar los alimentos que contienen materias primas modificadas genéticamente con el propósito de ofrecer información transparente a los consumidores para que puedan tomar decisiones de compra informadas a la hora de elegir los productos alimentarios de su cesta de la compra.
La Proposición de Ley C-291 de Canadá presentada por el New Democratic Party (Nuevo Partido Democrático) ha creado polémica, los que están en contra de esta reglamentación argumentan que en el texto del Proyecto de Ley no se define el término “genéticamente modificado”, algo que suscitó un gran debate en su segunda lectura en el Parlamento el pasado día 10 de mayo, sus opositores han considerado que la redacción es vaga y tiene poco fundamento. Consideran, además, que la introducción del etiquetado perpetúa el mito de que estos alimentos no son seguros y tampoco saludables, lo que es completamente falso.
El año pasado se realizó una encuesta entre los consumidores para saber qué opinaban sobre los alimentos modificados genéticamente, según los resultados, un 88% quería que se identificaran en las etiquetas alimentarias para saber qué estaban comprando. Datos similares se han obtenido en encuestas realizadas en los últimos 20 años, lo que demuestra que la población quiere, de forma mayoritaria, que se introduzca la medida considerada un derecho básico, aunque parece que los opositores a la nueva ley no lo ven así.
Existe una fuerte oposición a la introducción del etiquetado transgénico, esto lo hemos visto en otros países en los que la producción de alimentos modificados genéticamente es destacada, un ejemplo es Estados Unidos. En ese país se ha peleado durante varios años para conseguir identificar estos alimentos a través de las etiquetas, algo que se consiguió con la ley del etiquetado de los alimentos transgénicos de Vermont, pero que fue abolida rápidamente por una Ley Federal que muchos han considerado una ley que favorece a la industria alimentaria, que reduce la transparencia informativa e induce a error a los consumidores, de ello hablábamos aquí.
El rechazo es evidente y la euforia de los opositores lleva a declarar auténticas barbaridades, un ejemplo es lo comentado por el Secretario Parlamentario del Ministro de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, al afirmar que proporcionar más información a los consumidores sobre los alimentos que adquieren es un absoluto error, ya que no entenderán esa información. Es como decir que los ciudadanos son demasiado estúpidos para entender los textos y, por tanto, tomarán decisiones de compra erróneas, con declaraciones como esta se delata claramente el temor que tienen los opositores (respaldados por la industria) de que pudiera aprobarse el Proyecto de Ley C-291.
Consideran que sólo se deberían etiquetar estos alimentos en aquellos casos en los que sea necesario proporcionar una advertencia de salud, tal y como se hace con el resto de alimentos. Además, quienes quieran comprar alimentos libres de transgénicos, pueden recurrir a las empresas que etiquetan su presencia de forma voluntaria, o las que ofrecen sus productos certificados como libres de materias primas transgénicas, con esto quieren decir que existen opciones y, por tanto, el etiquetado obligatorio no es necesario.
Quienes promueven la ley aclaran que no se trata de una legislación contra los transgénicos tal y como la quieren considerar sus opositores, cierto es que tiene un gran respaldo por parte de los grupos anti transgénicos, pero es que no se habla de peligrosidad o de otras cuestiones, simplemente se solicita que los productos incluyan esta información, y que cada cual decida si desea o no comprarlos según sus convicciones y creencias. A través de las etiquetas alimentarias se informa de los ingredientes y de otras cuestiones, si los transgénicos no son peligrosos, ¿porque no informar sobre su presencia?
Va a ser complicado que este Proyecto de Ley salga adelante, el Gobierno actual no apoyará la propuesta, ya que existe una reglamentación para el etiquetado voluntario, además, las agencias reguladoras evalúan la seguridad de los alimentos modificados en base a un principio de equivalencia sustancial, es decir, se considera que un alimento modificado genéticamente es seguro si es equivalente en composición y características nutricionales a su homónimo tradicional. Por tanto, al considerar que transgénicos y tradicionales son prácticamente idénticos, no creen necesario diferenciarlos con un etiquetado. La diferenciación se considera una discriminación, que lo único que hace es incrementar las posibilidades de que estos alimentos no se comercialicen.
Resulta curioso, según explican aquí, el Gobierno canadiense manifestó en su momento tener un compromiso con la transparencia informativa, pero parece que este tema es un caso aparte. La industria asegura que este etiquetado confundiría al consumidor, pero lo cierto es que quiere proteger su negocio, ya que varias encuestas han mostrado que muchos consumidores no comprarían alimentos que integraran materias primas modificadas genéticamente.
En fin, mañana sabremos qué ocurre, aunque es probable que el Proyecto de Ley se desestime. Si os interesa, podéis acceder al texto de la reglamentación a través de este enlace.
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