Las empresas productoras de alimentos cobrarán antes, esta es una noticia que posiblemente alegrará a los productores alimentarios, el Gobierno español ultima la propuesta contemplada en el Plan de Proyección de la Industria Agroalimentaria que obliga a los intermediarios y a la distribución comercial en general a pagar en un plazo no superior a 60 días y 30 días en el caso de que se trate de productos perecederos como pueden ser las frutas y verduras.
Hasta ahora, algunas cadenas de distribución alimentaria pagaban a los proveedores los productos que comercializaban en plazos de 90 y 120 días, algo que forzosamente ahogaba a los productores. Además existía el riesgo de que las empresas de distribución tuvieran problemas económicos y no pagaran a sus proveedores, con lo que el montante económico era considerable y en algunos casos (pequeñas explotaciones) llevaba a la ruina a los productores.
En España, el tiempo medio de pago de los alimentos que realizan las cadenas de distribución a las empresas de alimentación se establece en 82 días, aunque esta cifra se amplía a 85 cuando se trata de la gran distribución, es algo lógico, más capacidad de venta se traduce en mayores exigencias y si un productor quiere vender sus productos en esa gran cadena de distribución, debe pasar por el aro y aceptar los pagos a largo plazo. Realizando una comparativa a nivel europeo, nuestro país supera con creces la media europea en los tiempos de pago en casi un mes, la diferencia sería notable con respecto a Holanda, país en el que las distribuidoras pagan a sus proveedores en 40 días.
En otros países la media también es significativamente inferior, Alemania paga en 47 días, el Reino Unido en 52 días, Francia en 67 días, etc. La crisis no es una excusa, estas cifras ya se daban anteriormente y actualmente la crisis la sufren todos los países en mayor o menor medida. En España se ha dado un gran abuso que parece intentar rectificarse a través del borrador del Plan de Proyección de la Industria Agroalimentaria que está elaborando la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua del MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino).
Con esta medida se pretende aumentar la transparencia de las transacciones, minimizar costes económicos, reducir la carga económica sobre los productores y permitir mayor disponibilidad del capital, algo necesario en este periodo de crisis en el que nos encontramos. Se elimina así uno de los mayores problemas a los que debían enfrentarse las pequeñas y medianas empresas alimentarias.
¿Tendrá esta medida algún efecto en los consumidores?, se podría decir que no, las cadenas de distribución mantendrán sus políticas de precios y quizá sólo salgan beneficiados los productores, aunque es probable que el argumento de pronto pago sea utilizado por las distribuidoras para obligar a los productores a reducir todavía más los precios de venta, ya veremos…
Ahora esperaremos a ver si el Gobierno decide regularizar mediante proyecto de ley los abusivos márgenes comerciales de los intermediarios, podemos dar un vistazo al IPOD (Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos) que nos ha estado facilitando puntualmente durante los últimos meses COAG para darnos cuenta de la situación. Eso sí permitirá que se reduzcan los precios para que los consumidores y productores puedan salir beneficiados.
