Acabamos de conocer el informe ‘Situation Report on Counterfeiting and Piracy in the European Union 2017’ (Situación sobre la falsificación y piratería en la Unión Europea 2017) elaborado por Europol, Oficina Europea de Policía de la que hemos hablado en anteriores ocasiones por los resultados de la operación Opson, cuyo cometido es luchar contra el fraude alimentario en sus distintas vertientes. En este informe habla de los productos falsificados en la UE y de su alcance, de los desafíos contra la falsificación de productos, la piratería, las etiquetas y envases fraudulentos, de las incautaciones realizadas por países, etc.
De este documento nos llama la atención el tema de la certificación fraudulenta de los alimentos y cómo se ha convertido en un problema importante para la industria alimentaria. Según datos de Europol, en el año 2015 la industria alimentaria experimentó un crecimiento significativo en el uso de etiquetas ecológicas, se utilizaban en alimentos que no cumplían con los estándares para recibir la certificación ecológica, además se comercializaban a un precio más elevado en el mercado.
Pero este tipo de fraudes se suceden con todo tipo de certificaciones, según la Oficina Europea de Policía, el fraude sobre las Indicaciones Geográficas Protegidas es muy elevado en la UE, siendo los países más afectados por este tipo de fraude Alemania, España, Francia, Italia y Grecia. Los productos alimenticios se comercializan como originarios de regiones de estos países que cuentan con la IGP, pero en realidad no están amparados bajo este sello de calidad y ésta es algo dudosa. Los productos que más se asocian al fraude del etiquetado ecológico o de IGP son el vino, el aguardiente, el queso, las hortalizas, las frutas, la carne y los cereales.
Los datos muestran que en el año 2014 se incautaron 16.618 partidas de productos en las fronteras exteriores de la Unión Europea, pero en el año 2015 se redujo significativamente el número de incautaciones y no precisamente por la reducción del fraude, sino por el alto coste económico generado por la denuncia. Si un distribuidor presenta una solicitud de intervención al departamento de aduanas, aunque no tiene que pagar ninguna tasa, sí tiene que sufragar los costes de almacenamiento y destrucción, algo que no tiene mucho sentido, por lo que puede disuadir a quienes se planteen presentar una solicitud de intervención.
Es como cuando cuelan un billete falso, quien lo recibe, si tiene dudas puede ir a un banco para que lo verifique, si es falso, la entidad lo retiene y lo envía al Centro Nacional de Análisis. También se debe poner en conocimiento de la policía y se puede poner una denuncia, pero en cualquier caso, el que ha recibido el billete falso ha perdido el dinero. Si un distribuidor detecta una partida fraudulenta, a fin de no perder el dinero invertido y hacerse cargo de costes adicionales, es posible que ignore el problema, del mismo modo que una persona que recibe un billete falso, en ocasiones intenta colocárselo a otra persona para no perder el dinero.
Por tanto, esta es una puerta de entrada para los productos con certificación falsa, no son detectados (o no se quieren detectar) debido a que las autoridades no son alertadas por la entrada de una remesa de productos alimenticios ilícitos. Otro añadido es el hecho de que estos productos se fabrican y comercializan en las proximidades de las regiones de las que se afirma que proceden, es como tener al lobo en el gallinero. Europol comenta que el hecho de que registren pocas incautaciones no quiere decir que no exista un potencial riesgo de fraude por los motivos comentados. Quizá ahora sea más difícil llevar a cabo este tipo de fraudes con el nuevo certificado electrónico para productos ecológicos importados que se puso en marcha hace unos meses.
En el año 2015 se identificó como fraude creciente la adulteración de suplementos alimentarios y hierbas, de forma paralela al creciente cambio de hábitos de los consumidores que buscan productos que sean acordes a un estilo de vida más saludable. China es uno de los países que se repite con frecuencia en este informe, considerando que es principal responsable de los productos falsificados que entran en la UE. Se apunta que China ha sido reconocida durante mucho tiempo como el motor de la industria mundial de la falsificación, estimándose que es responsable del 72% de los productos falsificados que actualmente están en circulación. Pero otros países, como Turquía, se han vinculado con el comercio de etiquetas y pegatinas falsificadas, que después dan nombre y certificado a todo tipo de productos.
El informe elaborado por Europol pone una vez más de manifiesto lo importante que es la lucha contra la delincuencia internacional, principal beneficiaria de estos fraudes que afectan a las economías legítimas, son un riesgo potencial para la salud, la seguridad de los ciudadanos de la UE y el medioambiente, provocan la disminución del volumen de ventas y la pérdida de empleos. El informe es interesante y nos da una idea del fraude alimentario existente en la Unión Europea, aunque como ya hemos indicado en otras ocasiones y así lo comenta Europol, posiblemente el número de incautaciones sean sólo la punta del iceberg.
Podéis leer el documento completo a través de este enlace (Pdf).
Foto 1 | Simon Leufstedt
Foto 2 | WILL POWER
1 comentarios
Interesante saber estos fraudes, gracias por la información.