Hace un par de años, la EFSA (Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea) determinó que el dióxido de titanio (E 171), sustancia utilizada para blanquear y dar un efecto opaco a los alimentos, podría provocar daños cromosómicos y aumento del riesgo de sufrir cáncer. Pero consideró que este aditivo no representaba un problema para la salud de los consumidores debido a la falta de datos y a que no se podía establecer una ingesta diaria admisible.
Se han realizado varias investigaciones en torno a este aditivo con resultados que apuntan que puede causar problemas en los riñones y en el hígado bloqueando la respiración celular, provocando daño genético sistémico, etc. A principios del año pasado, una investigación desarrollada por expertos del Instituto Científico de Investigación Agronómica de Francia, concluía que las nanopartículas de dióxido de titanio se extendían por el organismo atravesando la barrera intestinal, pasando al torrente sanguíneo y llegando a cualquier lugar del organismo, afectando al sistema inmunológico e incrementando el riesgo de cáncer.
Pues bien, ahora, ante las evidencias de todos los estudios realizados, el Gobierno de Francia planea prohibir el dióxido de titanio a finales de este año, para ello se ha preparado una enmienda al proyecto de ley como parte de los Estados Generales de la Industria Alimentaria que le permite, si es necesario, prohibir el dióxido de titanio y su uso en los alimentos para finales de 2018. Para los políticos tiene sentido la prohibición por los problemas de salud que provoca el colorante y por ser un aditivo que no tiene valor nutricional alguno, siendo su cometido puramente estético. Como hemos comentado, se suele utilizar para blanquear, sobre todo salsas, productos de panadería y confitería, caramelos, etc.
En el país galo varias empresas alimentarias eliminaron voluntariamente el uso de este colorante alimentario, otros, según leemos aquí, se comprometieron a eliminarlo a nivel europeo, acciones y declaraciones que han sido elogiadas por el Gobierno del país. Pero es mucho más factible aplicar una legislación para que se deje de utilizar un determinado ingrediente que confiar en el carácter voluntario, por eso ahora se decide tratar el tema de la prohibición. El Gobierno ha alabado a esas empresas que no esperaron y decidieron eliminar el dióxido de titanio de sus productos, ahora es necesario que el resto de empresas eliminen progresivamente el E-171 a fin de proteger la salud de los consumidores franceses, algo con lo que el ejecutivo se ha comprometido.
Se puede decir que lanza un aviso para que las empresas realicen los cambios oportunos antes de que llegue final de año, previsiblemente cuando se plantee la prohibición de su uso, sin embargo, algunas asociaciones como Agir Pour l’Environnement (Actúa por el medio ambiente), consideran que es necesario ir un poco más allá y prohibir el uso del aditivo de tamaño nanométrico en productos de cosmética y medicamentos, solicitud coherente sabiendo que pueden suponer un riesgo para la salud.
Tras la evaluación del aditivo que realizó el Instituto Científico de Investigación Agronómica de Francia, el Gobierno solicitó a la Comisión Europea que suspendiera el uso del dióxido de titanio y procediera a una reevaluación de su impacto en la salud, por lo que la CE volvió a solicitar a la EFSA que evaluara el aditivo en base a cuatro investigaciones que aparecieron sobre él, como la realizada por expertos de la Universidad de Binghamton y la Universidad Estatal de Nueva York, en la que se concluía que las nanopartículas de dióxido de titanio pueden afectar a los procesos digestivos. De momento, los resultados de esta nueva evaluación no se han dado a conocer, pero independientemente de los resultados, el Gobierno francés lo tiene claro y planea su prohibición.
Es posible que la nueva evaluación de la EFSA determine la peligrosidad del dióxido de titanio y recomiende que deje de utilizarse, por lo que la CE debería considerar los resultados y prohibirlo a nivel europeo. Pero quizá la EFSA vuelva a concluir que no existen datos suficientes (obviando el principio de precaución) y por ello considere que este aditivo no representa un problema para la salud de los consumidores como ya hizo en 2016. Son demasiados estudios y evidencias que apuntan a la necesidad de eliminar el aditivo de la alimentación, como dice el Gobierno francés, si no aporta ningún valor nutricional y su cometido es puramente estético, para qué arriesgarse.
Sería interesante que España siguiera el ejemplo de Francia y adoptara una prohibición del aditivo en beneficio de los consumidores, en este sentido, las asociaciones de consumidores y otras organizaciones deberían pronunciarse.
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