El Senado de Francia ha aprobado esta semana una ley que protege a los agricultores de las quejas de los ciudadanos, la normativa tiene el cometido de evitar el número creciente de demandas judiciales, así como los problemas de convivencia de aquellas personas que deciden ir a vivir a zonas rurales, y donde el olor a estiércol, el ruido de los animales y otras actividades de los agricultores, les resultan molestos.
Al parecer, en los últimos años y especialmente durante la pandemia de coronavirus, muchas personas decidieron irse a vivir al campo. Esto ha provocado un incremento de las quejas de estos nuevos residentes por los motivos antes señalados, pero lo peor es que muchas de las acciones judiciales que se han llevado a cabo, han condenado a los agricultores a pagar cuantiosas multas en concepto de daños y perjuicios.
Según FNSEA (Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores) cerca de 500 agricultores se enfrentan a acciones judiciales de sus vecinos, y en la última década se han presentado unos 18.000 casos ante los tribunales. Algunos casos han sido destacados, como la denuncia por el canto matutino de un gallo que molestaba a los vecinos, aunque en esta ocasión el tribunal dio la razón al agricultor.
Si vas a vivir a una zona rural donde un agricultor ejerce su actividad, debes atenerte a las consecuencias. Inicialmente la ley determinaba que nadie puede causar disturbios anormales en el vecindario o que excedan las molestias normales del vecindario, por ello, un nuevo vecino podía denunciar al agricultor. Pero en el año 2021 se aprobó la primera ley que consagraba el «patrimonio sensorial» del campo en la legislación francesa, donde el Código de Medio Ambiente estableció que los sonidos y los olores de los entornos naturales son parte del patrimonio común de la nación.
A pesar de esa ley, se condenó a un agricultor a finales del año pasado y tuvo que pagar a seis vecinos 106.000 euros por daños y perjuicios, debido a las quejas de estos vecinos por el ruido y el olor de las vacas. Posteriormente, la decisión del Tribunal de Apelación no ordenó la demolición de la explotación, pero sí se obligó al agricultor que buscará soluciones técnicas que permitieran reducir las molestias que ocasionaba el ganado.
Dado el creciente número de demandas judiciales y los problemas de convivencia con los “nuevos residentes”, se decidió actualizar la ley. Claro, que hay quien considera que las denuncias tienen base, destacando los desafíos que plantea la instalación de infraestructuras agrícolas industriales en Europa. Ahora y según leemos aquí, la nueva reglamentación establece que un nuevo residente no puede demandar a un agricultor por las molestias que pueda causar su actividad, sobre todo si ya existían antes de que el nuevo residente se mudara. El Primer Ministro de Francia comenta que cuando se elige vivir en el campo hay que responsabilizarse y aceptar lo que uno se encuentre.
En España ocurre lo mismo y podemos encontrar varias denuncias similares, por ejemplo, aquí leemos que se condenó a un ganadero a pagar una multa por los decibelios del mugido de una ternera. En la legislación española se dispone que «De manera general, las explotaciones de ganado bovino estarán ubicadas de tal forma que se minimicen ruidos y olores en las poblaciones cercanas. Su orientación permitirá las mejores condiciones de ventilación natural, de gestión energética y de iluminación». No se trata el tema de la protección como en Francia en el caso de que una persona decida vivir cerca de una explotación agrícola o ganadera.