En el mes de mayo, el Parlamento Europeo aprobaba una resolución no vinculante en la que se pedía a la Comisión Europea que introdujera de forma obligatoria en las etiquetas alimentarias el origen de la carne, de los alimentos procesados con base de carne, de la leche y de los productos lácteos. Esta solicitud tiene la finalidad de acabar con el fraude, introducir transparencia en la cadena alimentaria y reforzar la confianza de los consumidores ofreciéndoles información de calidad que les permita tomar decisiones informadas sobre los alimentos que adquieren. Por el momento, la Comisión Europea no se ha pronunciado sobre este tema.
En el mes de julio Francia manifestó su intención de introducir un etiquetado de origen en la carne procesada y en los productos lácteos, de momento se trataría de una prueba de dos años de duración que cuenta con la aprobación de la UE y concretamente del Comisario Europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, algo que se ha interpretado como un primer paso para que esta normativa se pueda extender al resto de países de la UE. Pues bien, ahora en el Reino Unido se solicita el etiquetado de origen de la carne y de los productos lácteos, varias organizaciones del país como la Unión Nacional de Agricultores, la Asociación Nacional del Cerdo, etc., consideran prioritario introducir esta medida como un modo efectivo para aumentar la transparencia en la cadena alimentaria, mejorar la elección de compra y recuperar la confianza de los consumidores.
La solicitud se ha realizado a través de una carta firmada por las organizaciones citadas y enviada al secretario de Medio Ambiente, Andrea Larson. En este documento también se expresa la preocupación por la pérdida de protección de la identificación de los alimentos como consecuencia del Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea). Cada vez más Gobiernos plantean la introducción de esta medida, algo que de momento en nuestro país no se ha planteado de forma obligatoria, aunque si de forma voluntaria, apuesta de nuestro Gobierno que se podría considerar errónea, ya que está sobradamente demostrado que las iniciativas voluntarias no suelen funcionar.
La posición de nuestro Gobierno es la misma que ha tenido hasta el momento la CE, la mayor parte del sector de la industria y la distribución apuesta por el carácter voluntario y no se quiere saber nada de la obligatoriedad de informar a los consumidores sobre el origen de los productos. Recordemos que hace justo un año se firmó un acuerdo lácteo en el que una de las medidas que aparecían era la de promover la inclusión en los envases alimentarios, de forma visible y voluntaria, del origen del producto (sobre todo la leche líquida), a fin de mejorar la información que se brinda a los consumidores. Los políticos argumentan que el etiquetado de origen obligatorio va en contra las normas del mercado único, provocaría mucho papeleo administrativo y un aumento del precio de los productos que sería asumido por el consumidor final. Como suele ocurrir, se recurre al tema del bolsillo del consumidor para intentar evitar que este tipo de medidas sean introducidas de forma obligatoria.
Volviendo a la solicitud realizada por las organizaciones agrarias en el Reino Unido, se considera que la introducción del etiquetado obligatorio, además de las ventajas antes indicadas, dadas las negociaciones que se llevan a cabo por el Brexit, proporcionaría una legislación fuerte a nivel nacional e internacional sobre la trazabilidad alimentaria.
Para estas organizaciones un carácter voluntario es inconsistente y puede suponer un motivo de confusión para los consumidores, el carácter obligatorio es la única alternativa posible. Hay que decir que los consumidores británicos quieren más comida nacional en sus platos, una encuesta realizada el pasado mes de mayo concluía que un 60% de los encuestados optan por los productos producidos en el país, pero es necesario proporcionar información del origen de los productos para que estos consumidores puedan elegir según sus principios y convicciones.
Las asociaciones agrarias quieren que se mantenga la protección de los nombres de los alimentos en el Reino Unido (D.O.P, IGP y E.T.G), algo que garantiza el origen y la autenticidad de los productos, designaciones que ayudan en la protección de la procedencia de alimentos en el mercado evitando las imitaciones. En definitiva, tras los numerosos escándalos relacionados con el origen de los alimentos, un ejemplo sonado fue la crisis de la carne de caballo, es lógica la solicitud.
En el caso de España y otros países comunitarios, muchas empresas se resisten a ofrecer esta información a los consumidores, para muchos se trata de una medida proteccionista que puede provocar la fragmentación del mercado único en el sector de los alimentos y las bebidas. Para otros, en cambio, es necesario identificar el país de origen de los alimentos como una medida para reforzar la seguridad y proporcionar confianza, por lo que no se debería hablar de fragmentación del mercado, sino de aumentar la transparencia y la solidez.
Volvemos a realizar una pregunta, ¿se trata de una medida proteccionista querer saber de dónde proceden los alimentos que se adquieren?, nosotros creemos que en absoluto. Podéis conocer todos los detalles de la solicitud realizada en el Reino Unido a través de este artículo publicado en la página web de NFU (National Farmers Union).
Foto 1 | Anthony Albright
Foto 2 | MelB
