Hace algo más de un año hablábamos de la creación de una base de datos europea sobre el precio de los alimentos, medida con la que se pretendía mostrar a los ciudadanos comunitarios la especulación existente en el mercado de la alimentación, algo que afecta a productores y consumidores. Ahora el tema se retoma de nuevo y el Parlamento Europeo reclama una legislación contra el abuso en el precio de los alimentos, legislación que debería contemplar sanciones para aquellas empresas intermediarias que manipulan y especulan con los alimentos, pagando precios ridículos a los productores y que en ocasiones no cubren los gastos de producción, y haciendo pagar a los consumidores hasta más de 1.000 veces su valor en origen.
Basta dar un vistazo a la evolución del IPOD (Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos) en nuestro país para darse cuenta de ello, aunque también es verdad que durante el presente año el indicador que nos facilita cada mes COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) ha mostrado cifras mucho más moderadas y en pocas ocasiones se ha superado la diferencia de origen-destino en más de un 1.000%, un ejemplo serían los plátanos, en el IPOD de enero 2010 los productores percibían 0’18 euros/kilo y los consumidores los pagábamos a 1’81 euros/kilo, es decir, pagábamos 10’06 veces su valor en origen. En el año 2008 y 2009 los datos eran muy especulativos, con algunos alimentos se alcanzaban diferencias de más de un 1.500%. El Parlamento Europeo reclama una legislación contra el abuso en el precio de los alimentos, pero parece que se esté mareando la perdiz, es algo que se solicita desde hace más tiempo.
De momento, la Eurocámara ha aprobado un informe que reclama la mencionada legislación, ¿a estas alturas un informe?, ya debería estar en marcha la legislación que evitara la especulación, y más con la crisis económica (mucho más acentuada en España que en otros países europeos). En dicho informe se solicita la legislación para que los márgenes económicos sean repartidos de forma más equitativa entre productores e intermediarios y que así el consumidor no deba pagar tanto por los productos alimentarios. Qué ironía, esta reclamación pasa por alto el supuesto gran acuerdo entre la UE y Marruecos o los acuerdos con terceros países, aunque los productores europeos logren percibir un precio más elevado por sus productos, el tablero de la especulación se centrará entonces en otros países.
Los alimentos se pueden producir a un precio significativamente menor y comercializarlos en Europa más baratos que los alimentos que ofrecen los productores europeos, al final esa competencia no se puede soportar. Véase como ejemplo cómo se ha reducido la producción de tomates en Murcia de 40.000 toneladas hace apenas unos años, a las actuales 15.000, por la imposibilidad de competir con los precios de los tomates marroquíes. Es necesario recordar que ante esta situación, la respuesta de la Comisaria Europea de Agricultura dijo mucho, los tiempos del proteccionismo pertenecen al pasado de los productores europeos (el proteccionismo es la forma de proteger los alimentos que produce un país imponiendo limitaciones en la entrada de productos similares procedentes de otros países, y para ello se imponen aranceles e impuestos a la importación a fin de que los productos resulten tan caros que no merezca la pena importarlos.)
Una legislación para proteger al productor europeo pasaría por imponer algunas medidas de proteccionismo y no dar vía libre a los alimentos de Marruecos u otros países, la UE apenas cobra aranceles, incrementa la entrada de sus productos y para rizar más el rizo, incluso subvenciona la producción de alimentos, recordemos el post Marruecos potencia el cultivo de cítricos. El Parlamento Europeo reclama una legislación contra el abuso en el precio de los alimentos, una reclamación digna que comprende varias medidas, actuaciones contra la morosidad en los pagos o las ventas a pérdidas, pagos a 30 días en toda la cadena de suministro alimentario, catalogación de las prácticas abusivas del mercado y su prohibición, impulsar que cada país elabore un código ético de buenas prácticas comerciales, e incluso se alude al abuso de las marcas blancas y el impacto que provocan en los productores.
El Parlamento Europeo (que nos representa a todos los ciudadanos europeos) solicita a la Comisión Europea que ponga en marcha la creación del Observatorio Europeo de precios y márgenes agrícolas, y además que se solicite a todo el sector implicado, transformadores, distribuidores, mayoristas y minoristas, un informe anual sobre las cuotas de mercado de los alimentos clave y sus volúmenes de ventas. Por pedir que no quede, después ocurrirá lo de siempre, los temas se alargan y da la impresión de que esperan que los problemas se resuelvan solos, en este caso nos referimos a la Comisión Europea y Especialmente al Consejo de Ministros.
Hay que recordar que la Unión Europea se sostiene en tres instituciones principales, la Comisión Europea defensora, en teoría, de los intereses de la Unión Europea en conjunto, se encarga de realizar propuestas obviando las decisiones individuales de cada país miembro. El Parlamento Europeo que como hemos dicho, es la representación de los ciudadanos de la Unión Europea, y el Consejo de la Unión Europea, organismo que representa a los países miembros a nivel individual. Salvaguardar los intereses de los productores y consumidores europeos debe ser una prioridad, sin embargo, a veces da la impresión de que la Unión Europea representa los intereses de terceros países.
Hay muchos puntos a tratar, el desperdicio alimentario, la falta de sensibilidad sobre los costes de producción, las fluctuaciones que se producen en este mercado globalizado donde cualquier acción de un país afecta a todo el mundo (véase como ejemplo el caso de la prohibición de exportar grano en Rusia). Las soluciones son más complicadas de lo que podemos imaginar y si hay piedras en el camino, aún más.