Hace unos días podíamos saber que el Parlamento de Cataluña aprobaba el impuesto de los refrescos con la excusa de mejorar la salud de la población, el gravamen afecta a diferentes tipos de bebidas que tienen azúcares añadidos, refrescos, bebidas de frutas, bebidas energéticas, leches con sabor, etc. El impuesto resulta ser poco significativo por lo que difícilmente provocará la reducción de las ventas entre los consumidores, siendo una medida inútil en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad, pero eficaz para aumentar los ingresos para las arcas de esta Comunidad.
El Gobierno catalán tuvo mucha prisa para aprobar el impuesto a sabiendas de que el Gobierno central preparaba una medida similar, para algunos este movimiento tiene sentido, si el impuesto nacional se aprobaba se aboliría el catalán, ya que no se puede aplicar una doble imposición, por tanto, se debería compensar a la Generalitat por la pérdida de recaudación, es decir, en cualquier caso gana. Esto demuestra que lo único que realmente importa es recaudar dinero, mejorar la salud de los ciudadanos es una excusa que una vez alcanzado el objetivo, se relega a un segundo plano. Pues bien, ahora podemos saber que el Gobierno español no pondrá en marcha el impuesto de las bebidas azucaradas, la movilización de empresas y agricultores lo ha frenado.
Varios lobbies se encargaron de mostrar al Gobierno que no estaban de acuerdo con la tasa, Azucarera, compañía de referencia de azúcar en España, el sector de los agricultores que producen remolacha azucarera, el de los refrescos donde Coca Cola ha tenido un papel protagonista, el de las bebidas lácteas representado por Fenil, etc. A esto sumamos que representantes de los diferentes grupos políticos también se posicionaron en contra, algunos por tener posiciones cercanas o intereses con los sectores industriales, otros por convicciones, considerando que es una medida injusta, ya que muchos otros productos son un riesgo para la salud por su alto contenido en azúcar, grasas o sal.
Este último planteamiento tiene sentido, se puede considerar que se demoniza a la industria de las bebidas azucaradas, señalándola como la principal responsable de los problemas de sobrepeso y obesidad, evidentemente parte de culpa tienen, pero no toda. Un impuesto del azúcar debería aplicarse a todas las categorías alimentarias, son muchísimos los productos que podemos encontrar en un supermercado cuyo contenido en azúcar es muy elevado. Los denominados azúcares ocultos pueden estar presentes en todo tipo de productos, incluso en aquellos que muchos consumidores no considerarían, salsas de todo tipo, conservas de verduras, cereales para el desayuno, productos ecológicos en conserva, y así un largo etcétera.
A diferencia de otros países, el nuestro da un paso atrás en la lucha contra el azúcar y la aplicación del gravamen, aunque la verdad es que el dinero recaudado se habría destinado a las arcas del Estado. Recordemos que cuando se anunció la posible introducción de la medida a finales del año pasado, se comentó que el impuesto tenía como cometido contribuir a reducir el déficit público, de ello hablábamos en este post sobre la notoriedad que ha tenido el impuesto del azúcar durante el pasado año.
El Ministerio de Hacienda ha cedido a la presión ejercida por multinacionales, empresas, agricultores y otros lobbies que resultarían perjudicados, deja aparcado el impuesto de los refrescos y otros gravámenes propuestos como los tributos verdes. Con las nuevas medidas recaudatorias, el Gobierno pretendía ingresar unos 700 millones de euros, de los que según comentan aquí, 200 se obtendrían del impuesto del azúcar, no habiendo conseguido el objetivo, seguro que ya estarán trabajando en nuevos impuestos o recortes que compensen esta pérdida.
Cada sector que se ha puesto en contra del gravamen ha presentado sus argumentos, el de las bebidas azucaradas argumentó que si se trata de un impuesto al azúcar, debería aplicarse a todos los productos que la tuvieran en demasía, el sector lácteo aseveró que el consumo de lácteos no es causa de la obesidad de los niños, siendo productos nutritivos y saludables (claro que si se les añade azúcar ya no lo son tanto) que no pueden ser penalizados con un gravamen de estas características. El sector de la remolacha azucarera consideraba que se trataba de un impuesto amargo que traería graves consecuencias a Castilla y León, ya que es donde se produce el 80% del azúcar nacional. Se advirtió de que desaparecerían miles de agricultores, porque se pondrían en duda las ayudas públicas que perciben, así como la rentabilidad de los cultivos.
En definitiva, España vuelve a destacar en Europa, mientras otros países introducen el impuesto porque las compañías no han podido presionar a sus gobiernos, en nuestro país ha ocurrido lo contrario. Quizá si la prioridad hubiera sido la salud y la lucha contra el sobrepeso y la obesidad, y no la de recaudar dinero como parte del plan presupuestario enviado a Bruselas el pasado mes de diciembre, el gravamen habría salido adelante. Quedan muchas incógnitas por aclarar, esperamos tener más detalles tras las declaraciones que hoy deberá realizar el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
Foto 1 | Adrian Scottow
Foto 2 | Jan Jablunka
