Derecho a saber sobre los alimentos que comemos

En Estados Unidos suena con más fuerza el clamor de los consumidores que exigen su derecho a saber sobre los alimentos que consumen, piden a las grandes compañías que sean más transparentes, que revelen las prácticas industriales, los ingredientes o aditivos que se utilizan, que las etiquetas alimentarias sean claras e informen sobre los productos con veracidad, que no oculten información…. A la cabeza de todas estas exigencias y bajo el lema «Derecho a saber» se encuentra la campaña que exige una legislación transparente e informativa sobre los alimentos transgénicos, ésta persigue la aprobación de la Proposición 37, un proyecto sobre el etiquetado de alimentos transgénicos en California que se votará el próximo 6 de noviembre.

Mientras los consumidores piden saber qué comen y cuál es la verdadera composición de los alimentos, la respuesta de la industria agroalimentaria deja mucho que desear, se gastan millones de dólares intentando que todo siga igual, pretenden mantener a los consumidores en la ignorancia evitando que puedan saber qué alimentos contienen ingredientes modificados genéticamente. Recordemos que se puso en marcha una campaña en contra del etiquetado transgénico, concretamente se pretende evitar que la Proposición 37 salga adelante.

A la cabeza de esta lucha encontramos a los más interesados, las compañías biotecnológicas y las grandes empresas alimentarias, durante las últimas semanas han aportado dinero para subvencionar la campaña paralela «No a la proposición 37«, utilizan argumentos que pretenden asustar a los consumidores, concretamente al bolsillo, en esta campaña se utiliza como principal arma de batalla la amenaza de la subida de los precios de los alimentos. Como sabemos, según los cálculos realizados, se tendría que cambiar el etiquetado de hasta el 80% de los alimentos procesados que se comercializan en los supermercados, debido a que los ingredientes transgénicos se utilizan en la mayoría de productos alimentarios.

Si se aprueba la Proposición 37 triunfando el «derecho a saber» de los alimentos en California, sentaría un precedente para que el proyecto sobre el etiquetado de los alimentos se extendiera a otros Estados y a nivel nacional, de ahí que en estas semanas previas a la votación, la industria agroalimentaria incremente sus esfuerzos para evitar que salga adelante la nueva legislación. Pero este no es el único tema a tratar, se puede citar una ley federal del etiquetado que el congreso aprobó hace un par de años, en la que se exige a la FDA (Food and Drug Administration) que obligue a que se facilite un etiquetado transparente, indicando la cantidad de calorías que contiene cualquier producto alimentario, menús de cadenas de comida rápida, etc. Sin embargo, la presión de la industria alimentaria (algunos sectores) es fuerte y pretenden quedar al margen de esta normativa.

Como decíamos, el Congreso estadounidense aprobó esta resolución en el año 2010, se abrió un periodo de comentarios con un plazo de un año, las empresas podían declarar sus objeciones y opiniones, después la FDA debería revisar esta documentación para considerarla. Aunque la FDA anunció su intención de cumplir los plazos estipulados, e incluso se llegó a publicar una guía preliminar sobre las pautas que debería adoptar la industria, ésta se retiró tras la revisión de los comentarios recibidos. El argumento facilitado era que se debía completar la reglamentación y se necesitaba volver a redactarla. Con esto queremos decir que todo lo que sea facilitar información sobre los alimentos al consumidor se intenta vetar, poner piedras en el camino o evitar las nuevas normas buscando resquicios legales. Algunos sectores como las cadenas de pizzerías exigen quedar fuera de esta norma de información nutricional, a pesar de que el Congreso concretó que este y otros sectores deberían cumplir la norma, ¿acaso los consumidores no tiene derecho a saber el contenido calórico de los alimentos que consumen y que adquieren en estas cadenas?

El tema de la alimentación es rabiosa actualidad en Estados Unidos, podemos recordar la controversia con el hidróxido de amonio, se trata de una mezcla de agua y amoníaco utilizada para procesar alimentos como la carne, es un agente leudante que controla el pH de los alimentos, actúa como agente antimicrobiano y está aceptado por la FDA y agencias como la OMS o la FAO, sin embargo, no es un producto bien recibido por los consumidores, recordemos las denuncias realizadas por Jaime Oliver en su programa Food Revolution en Estados Unidos y cómo ilustraba el proceso utilizando una lavadora para lavar la carne con la mencionada mezcla, de todo ello hablábamos en el post Hidróxido de amonio en la carne. Lo peor es que la industria cárnica se empeñó para que los consumidores no conocieran estos procesos y que este tipo de carne tenía una presencia mayoritaria en el mercado, se trata de otro caso que revela que la industria agroalimentaria persigue el total desconocimiento del consumidor.

Se ha intentado en reiteradas ocasiones frustrar el derecho a saber de los consumidores, las prácticas poco éticas en las granjas de animales que se han dado a conocer a través de cámaras ocultas e investigaciones han generado mucha polémica. De nuevo se han puesto piedras en el camino y se consiguió que se modificara la legislación en algunos Estados para que quienes realizaran este tipo de reportajes con cámara oculta y por supuesto sin permiso, fueran condenados a penas de cárcel, en definitiva, en cinco Estados del país es ilegal todo el trabajo que se realiza para sacar a la luz cual es el trato que se les da a los animales, el argumento utilizado en Estados como Dakota del Norte, es que se trata de un delito «menor», intentar hacer una grabación de este tipo definiéndola como interferencia ilícita en las instalaciones donde están los animales y por tanto es una actividad prohibida condenada con 30 días de cárcel.

Las grandes compañías alimentarias parecen tener la última palabra y deciden qué debe o no saber el consumidor, por lo que se puede decir que los consumidores están sumidos en la profunda ignorancia. Curiosamente predican todo lo contrario, pretenden hacer ver que son transparentes, que sus procedimientos son totalmente seguros pero no liberan información y evitan a toda costa el derecho de los consumidores a saber qué compran y qué están consumiendo. ¿Por qué la industria alimentaria se esfuerza tanto en evitar liberar información?, esto nos hace pensar que realmente ni son tan transparentes como se venden, ni sus prácticas son tan respetuosas como proclaman. Si la responsabilidad informativa recayera únicamente sobre la industria alimentaria, la ignorancia sería absoluta, sólo se recibirían mensajes positivos que facilitaran el incremento de las ventas.

El derecho a saber sobre los alimentos que comemos debe predominar en todos los ámbitos, debemos poder saber si un alimento contiene ingredientes transgénicos, qué cantidad de grasas, azúcar o sal contiene, conocer el aporte nutricional incluyendo el calórico… debemos tener derecho a elegir, si no de qué sirve hablar de democracia. La transparencia del sistema alimentario es el objetivo, pero es una meta complicada, sobre todo por el gran peso e influencia que ejerce esta industria en el marco político. Esperemos que el próximo día 6 de noviembre se acepte la Proposición 37, será el punto de partida de algunos cambios, claro que la industria no se va a quedar de brazos cruzados.

Vía | Food Safety News
Foto 1 |  Monica Arellano