Acabamos de conocer una curiosa sentencia con la que seguramente más de un agricultor se sentirá satisfecho, aunque por el momento se está a la espera de su ratificación. A partir de ahora, un agricultor podría denunciar a los intermediarios cuando no pagan el precio justo de los alimentos producidos, concretamente hablamos de los cítricos valencianos.
Al parecer, uno de los contratos de compraventa que se utilizan en el campo valenciano es el que se conoce como “a comercializar”, es decir, un pacto en el que no existe precio fijo, el pago que realiza la empresa de distribución al agricultor se realiza en base a los gastos y beneficios obtenidos de la comercialización del producto. Se podría decir que las empresas tendrían todo el poder para pagar el precio que consideraran, de hecho, la denuncia se inició a raíz de que un agricultor percibiera 6 céntimos de euro por cada kilo de naranjas que una multinacional comercializó en Alemania.
Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre los problemas que afectan a la citricultura valenciana, la crisis de los cítricos españoles se ha hecho muy evidente durante la última campaña, recordemos que muchos productores optaban por abandonar en los árboles naranjas y mandarinas porque no resultaba rentable recogerlas y comercializarlas dados los precios que percibían por ellas. Dando un vistazo al IPOD (Índice de Precios en Origen y Destino) que nos facilita cada mes COAG, podemos comprobar que las naranjas, en el mes de diciembre se pagaban a los productores a 0,09 euros el kilo y se comercializaban a 1,43 euros el kilo, como vemos, la diferencia es abrumadora.
En este caso, la especulación es mucho más evidente, teniendo en cuenta que las naranjas españolas en Alemania son muy valoradas y el precio que los consumidores alemanes han pagado por ellas sería posiblemente superior al de los precios que se barajaban en nuestro país, no es extraño que el agricultor decidiera denunciar a los intermediarios ante esta situación. En la noticia de la publicación digital Levante, se indica que la mayoría de comerciantes abonan lo que realmente corresponde al agricultor (cosa que también ponemos en duda), pero que en algunos casos se llegan a pagar precios realmente escandalosos como puede ser este caso de los 6 céntimos por kilo.
Una vez ratificada la sentencia, sentaría precedente y cualquier agricultor podría denunciar este tipo de actuación y exigir a la empresa distribuidora que demuestre las causas por las que paga el producto a un determinado precio. En este caso, la empresa de distribución debería entregar al agricultor los documentos y facturas que acreditasen los gastos y los beneficios obtenidos, una vez recabada esta información, un peritaje podría determinar el precio real al que se debería pagar la cosecha al agricultor.
Suponemos que se podría aplicar el mismo procedimiento a cualquier producto agroalimentario que estuviera sujeto al contrato “a comercializar”.
Foto | Manel