El Gobierno de España, a través del MAPA, ha puesto en marcha una consulta pública como parte del protocolo para la elaboración de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. La consulta tiene como objetivo recabar información de personas y organizaciones que pueden estar afectados por la nueva ley sobre cuestiones como qué problemas pretende solucionar la nueva reglamentación, los objetivos que tendrá, o propuestas sobre posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias, entre otras cuestiones.
Por ello, se ha puesto a disposición de todos los interesados un documento informativo en el que se explica qué problemas pretende solucionar la nueva ley, centrando la atención sobre todo en la puesta en marcha de políticas para la lucha contra las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Hacer más eficiente el uso de recursos, concienciar a la población sobre este problema, regular la redistribución de alimentos, fomentar al emprendimiento y la innovación de proyectos, así como la puesta en marcha de nuevas tecnologías que ayuden a reducir la pérdida y desperdicio de alimentos.
En el documento se explica que para mostrar el compromiso que tiene nuestro país, cumpliendo con el mandato del Parlamento Europeo, en el año 2013 se presentó el programa “Más alimento, menos desperdicio”. Este programa tenía el cometido de fomentar la transparencia, el diálogo y la coordinación entre los agentes de la cadena alimentaria y las Administraciones Públicas, el desarrollo de actuaciones que favorecieran el cambio de actitud, los sistemas de trabajo y de gestión para poder limitar la pérdida y desperdicio, así como la reducción de la presión ambiental. Pero como ya explicamos en su momento, su efectividad fue poco significativa, sobre todo porque las iniciativas no tuvieron mucho calado.
El Gobierno explica resumidamente la trayectoria y las acciones llevadas a cabo desde 2013, como cuantificar el desperdicio generado por la industria y la distribución, el generado en los hogares españoles y fuera de los hogares, por ejemplo, en los restaurantes, identificar los alimentos que más se tiraban y desperdiciaban, determinar qué se hacía con las sobras de las comidas preparadas, etc.
El Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares españoles ha realizado un seguimiento en los últimos años y en 2020 (año de plena pandemia), y determina que el desperdicio total se situó en unos 25 millones de kilogramos semanales, es decir, casi 1’4 kg por hogar. Más del 80% del desperdicio se realizó con productos alimenticios sin utilizar, sobre todo por deterioro o fecha de caducidad pasada, pero el mayor volumen del desperdicio alimentario correspondió a frutas, hortalizas y lácteos, que sumaron más del 50% del total de productos sin utilizar. Pero este no es un problema exclusivo de España, podemos citar este estudio de la Universidad de Karlstad del año 2018, que mostraba datos similares. Otro estudio a tener en cuenta es el realizado por el Centro Común de Investigación de la Unión Europea, cuyos resultados mostraban que en los hogares europeos se desperdiciaban miles de millones de kilos de frutas y verduras.
Tras la exposición de las actuaciones que se han llevado a cabo y el registro de los datos sobre pérdida y desperdicio de alimentos en nuestro país, ahora se presenta esta nueva legislación con normas y principios que suponen un nuevo paso en la lucha contra este problema, sentando las bases para eliminarlo. La nueva legislación va en consonancia con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), así como con las conclusiones sobre ‘Pérdidas y Desperdicio de alimentos’ aprobadas en el Consejo de ministros de la UE.
La reglamentación promoverá la economía circular, la gestión eficiente de los recursos para evitar los excedentes agrícolas, la sensibilización de cada operador de la cadena alimentaria, las donaciones de alimentos para personas más vulnerables, la producción y el consumo sostenible, pero, entre otras cosas, podemos apreciar que no concreta sobre la necesidad de eliminar esos estándares de mercado que han favorecido la pérdida y desperdicio de alimentos, especialmente de frutas y verduras.
Todas las observaciones u opiniones que se formulen, pueden enviarse a la dirección de correo electrónico sgcsa@mapa.es antes del 5 de julio de 2021. Esperamos que esas opiniones sean publicadas para conocimiento de todos, veremos si la nueva legislación logra su cometido. Podéis conocer más detalles de la exposición de la trayectoria y acciones llevadas a cabo desde 2013 contra el desperdicio de alimentos a través de este enlace (Pdf).