En el año 2012 el Gobierno de Cataluña planteó la introducción del impuesto de los refrescos con la excusa de mejorar la salud de los ciudadanos. Como en otros países y ciudades donde se ha implantado, se argumentaba que la medida ayudaría a reducir el riesgo de sufrir diferentes enfermedades y problemas de salud, como por ejemplo la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el sobrepeso y la obesidad, etc.
Se planteó imponer un gravamen poco significativo, 0’024 céntimos por una lata de refresco y 0’15 céntimos por el formato de dos litros. El incremento de precio difícilmente reduciría el consumo, siendo una medida ineficaz para alcanzar los objetivos marcados, por lo que se podría deducir que su finalidad era puramente recaudatoria, es decir, para aumentar los ingresos para las arcas de la Comunidad. A esto hay que sumar que, según ANFABRA (Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes Analcohólicas), la medida se quería introducir como respuesta a la decisión del distribuidor de Coca Cola en Catalunya, para trasladar su sede social a Madrid, de todo ello hablábamos aquí.
Tras un paréntesis de tiempo en el que no se habló del tema debido a las suspicacias que levantaba la tasa en este sector de la industria, a finales del año pasado se retomó la medida y fue incluida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat del presente año. Según su texto, el gravamen se ha establecido en ocho céntimos por litro, para aquellas bebidas cuyo contenido en azúcar añadido se sitúe entre los cinco y ocho gramos por cada 100 mililitros de producto, superando este valor, la tasa se incrementa a doce céntimos por litro. Pues bien, al final se ha aprobado el impuesto de los refrescos en Cataluña que entrará en vigor previsiblemente el próximo día 1 de abril.
Con esta medida, la Generalitat explicó en su momento que esperaba ingresar 41,3 millones de euros al año, aunque este año la recaudación será menor, ya que no ha entrado en vigor el día 1 de enero. Serán gravadas las bebidas con gas y sin gas con azúcar añadido, las bebidas de frutas, las bebidas energéticas, las leches con sabor, las bebidas alternativas a la leche y las bebidas a base de té o café que integren endulzantes calóricos.
En la nueva ley se aclara que las empresas deberán repercutir el impuesto en el consumidor final para evitar que éstas asuman el incremento del coste, algo que ha ocurrido en otros países con el objetivo de minimizar el impacto del impuesto en el consumidor y así no ver reducidas sus ventas. ¿Qué se hará con el dinero recaudado?, ¿se invertirá en mejoras de salud pública?, ¿en programas educativos de salud?, ¿se hará algo? Lo que parece evidente es que el impuesto está destinado a lo antes comentado, aumentar los ingresos para las arcas de la Comunidad Autónoma.
De nuevo se erra en el planteamiento, los refrescos han sido señalados y asociados en muchos países del mundo al exceso de azúcar, y aunque realmente existen razones de peso para ello, este tipo de medidas no terminan de ser eficaces debido a que la lucha contra el azúcar debería abarcar todas las categorías alimentarias, recordemos que son muchos los productos alimentarios que contienen azúcares ocultos, incluso los que podemos llegar a considerar saludables, como por ejemplo las verduras en conserva.
Por supuesto, la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) se ha opuesto a la medida, considera que se envía un mensaje negativo a la sociedad, ya que se reprime el consumo, afectando al empleo y a la economía. La federación asegura que crea inseguridad jurídica y rompe la unidad de mercado que resulta vital en la competitividad de la industria. Ésta destaca que este y otros gravámenes presentes en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat, no hacen más que crear barreras que frenan la inversión, la riqueza, el empleo y el bienestar. Podéis conocer más detalles sobre estos comentarios a través de este artículo publicado en la página de FIAB.
Ahora sólo resta esperar a ver qué hace el Gobierno de España, recordemos que se planteó gravar con un impuesto específico los refrescos, lo que puso en pie de guerra a los fabricantes de alimentos y bebidas, al sector de los cultivadores de remolacha, al sector de la distribución y la hostelería, etc. Cataluña ha obviado al Gobierno central y ha impuesto su propio gravamen a las bebidas azucaradas, pero si el impuesto nacional terminara aprobándose, en teoría el gravamen de Cataluña debería ser eliminado. Parece evidente que de nuevo estamos ante un conflicto en el reparto de competencias. Podéis conocer más detalles del nuevo impuesto a través de la página oficial del Parlamento de Cataluña.