Durante los últimos años la industria alimentaria ha experimentado un incremento sin precedentes de sus ganancias, incluso en situaciones como la pandemia de COVID-19, las crisis económicas y la ola inflacionaria internacional. Este crecimiento de beneficios no es una casualidad, es el resultado de una combinación de factores que benefician a las grandes empresas de la alimentación, perjudicando a su vez el bolsillo de los consumidores.
Empresas como Nestlé, Mondelez, PepsiCo, Cargill y Tyson Foods, han aprovechado las interrupciones en la cadena de suministro y el aumento de los costes de producción, para justificar incrementos en los precios de los alimentos, llegando a superar con creces la inflación. El incremento de los precios les ha permitido a estas empresas cubrir costes y aumentar significativamente los márgenes de beneficios, en algunas ocasiones hasta cinco veces más rápido que la inflación.
Por ejemplo, si la inflación sube un 10% pero las ganancias de una empresa crecen un 50%, significa que sus beneficios están aumentando mucho más rápido que los costes generales de la economía. Las empresas trasladan el incremento de costes de producción a los consumidores y aprovechan el contexto de inflación para obtener mayores ganancias, algo que se puede interpretar como una estrategia agresiva que coloca una mayor carga económica en los bolsillos de los consumidores.
En los Países Bajos, grandes empresas como Ahold Delhaize, Jumbo y Unilever informaron de haber experimentado un crecimiento notable. Por ejemplo, Ahold Delhaize, una de las compañías más grandes del mundo en el sector de supermercados y distribución de alimentos, que es propietaria de la cadena Albert Heijn, logró un aumento de las ventas en el año 2022 y una mayor facturación en el año 2023, incluso en un contexto de crisis económica. Pero el caso de Unilever es especialmente llamativo, sus beneficios han crecido de un modo brutal durante los últimos cuatro años dando lugar a titulares como “Explosión de beneficios de Unilever”, donde se destacaba cómo la empresa obtiene buenos réditos con el aumento de los precios.
Mientras las empresas ven crecer sus ganancias, los consumidores pagan cada vez más dinero por menos producto y no estamos hablando de reduflación. La organización de consumidores Foodwatch, analizó una «cesta básica de la compra» (una selección de 15 productos que la población compra habitualmente, como el pan, la leche, los huevos, etc.) en los Países Bajos durante el año 2023.
Dicho análisis determinó que en sólo seis meses, la cantidad de productos disminuyó en un 15%, es decir, en lugar de recibir lo mismo por lo que se paga, la cantidad de comida incluida en la cesta de la compra se redujo. Por ejemplo, si antes se compraban 10 kilos de productos por una cantidad de dinero, ahora sólo se podían comprar 8’5 kilos de productos por el mismo dinero. Esta situación es aún más evidente en los hogares con economías limitadas, ya que son los que suelen gastar una mayor proporción de sus ingresos en los productos alimenticios básicos. En el Reino Unido, algunos estudios han confirmado que la inflación de los alimentos afecta más a los productos consumidos por familias pobres, lo que intensifica aún más las desigualdades económicas.
Muchos consumidores se preguntan por qué suben los precios de una forma desenfrenada y la respuesta es un cúmulo de factores, pero una de las principales razones es la alta concentración del mercado, es decir, que unas pocas empresas controlan la mayoría del mercado. En los Países Bajos los cuatro grandes supermercados, Albert Heijn, Jumbo, Lidl y Plus, tienen el control de casi el 75% del mercado, lo que les otorga un poder significativo para fijar los precios. Esto se traduce en un oligopolio, donde la falta de competencia permite que estas empresas suban precios sin el temor a perder muchos clientes.
Las empresas trasladan a los consumidores los incrementos de los costes de producción y aprovechan la situación para incrementar aún más los precios de venta. Este fenómeno, es conocido como “inflación por codicia” y lo propicia la percepción general de que todo está más caro, lo que dificulta que los consumidores puedan diferenciar entre los incrementos legítimos y los que son puramente especulativos. En una inflación por codicia las empresas aprovechan un contexto económico, como una crisis económica, una alta demanda o problemas en la cadena de suministro, para subir los precios en demasía a fin de incrementar lo máximo las ganancias.
La situación plantea serías cuestiones sobre la ética de las grandes empresas alimentarias, ya que en vez de asumir parte del coste de las crisis económicas, optan por maximizar sus beneficios a expensas de los consumidores y sin importar las consecuencias. Esto muestra que no están actuando de manera ética y resalta la importancia de que haya más claridad sobre cómo se establecen los precios. Lo ideal sería que se estableciera una solidaridad económica, con estrategias que favorezcan los precios justos y que distribuyan mejor la carga económica entre las empresas y los consumidores. Pero la realidad es que la prioridad de las empresas alimentarias es la maximización de beneficios, dejando a los consumidores más vulnerables a merced de un sistema que obliga a pagar más por menos.
En definitiva, un aumento desproporcionado del precio de los alimentos y la concentración de poder en unas pocas empresas, obliga a que se tomen medidas urgentes. Los gobiernos deben intervenir para fomentar una competencia más justa, garantizando que las prácticas empresariales no incrementen las desigualdades económicas. De este modo y como comentan aquí, sería posible recuperar parte del poder adquisitivo que se ha perdido y construir un sistema alimentario más justo para todos.
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