Hace unos días os hablábamos de la propuesta realizada en la ciudad de Filadelfia (Estados Unidos) para aplicar un gravamen de 1’5 centavos de dólar por onza líquida, en los diferentes tipos de bebidas azucaradas, refrescos, bebidas deportivas, té azucarado, e incluso en bebidas endulzadas artificialmente, como los refrescos de dieta. La propuesta se sometió ayer a votación en el Ayuntamiento de la ciudad, obteniendo una mayoría favorable a la introducción del impuesto de los refrescos.
Filadelfia ha aprobado el impuesto de los refrescos y bebidas azucaradas, convirtiéndose en la primera ciudad importante de Estados Unidos en aplicarlo. Como ya explicamos anteriormente, la primera en aprobar un impuesto de los refrescos fue Berkeley, una pequeña ciudad con 112.000 habitantes, pero que una gran ciudad haya introducido el gravamen, sienta precedente para que otras ciudades importantes del país tomen la misma medida, algo que teme el sector de la industria de los refrescos y bebidas endulzadas.
Para el Alcalde de la ciudad, Jim Kenney, se trata de una inversión histórica para el sistema educativo y sus barrios, pero este gravamen no va a tener el efecto deseado, ya que no es un aumento significativo y no va a desanimar a los consumidores en la compra de este tipo de bebidas, otra cosa hubiera sido si se hubiera aprobado la medida inicial, con la que pretendía establecer un impuesto del doble del actual, pero se planteó reducirlo para poder abarcar más tipos de bebidas. Como ejemplo de fracaso se puede citar la poca efectividad que ha tenido el impuesto en Berkeley, cuyo importe es el mismo que ahora se aplica en Filadelfia, y cuyos objetivos no ha logrado cumplir.
Se trata de un impuesto que tiene un claro objetivo recaudatorio para ayudar a engrosar el dinero de las arcas públicas. Se baraja una recaudación que rondará los 91 millones de dólares el próximo año, y se habla de que gracias a este dinero se financiarán programas de educación pre-K (pre-jardines de infancia), se mejorarán las instalaciones de parques y centros de recreo, y con lo que sobre, se aumentarán los fondos generales de la ciudad. En ningún momento se ha hablado de programas para mejorar la alimentación y el estilo de vida, como por ejemplo la subvención de alimentos saludables, planes de atención a quienes padecen sobrepeso y obesidad, etc.
Con un gravamen relativamente pequeño no se desalentará el consumo, y esto interesa al Ayuntamiento, ya que con ello asegura una buena recaudación. Son muchos los estudios que demuestran que este tipo de impuestos deben ser elevados para que sean efectivos, un mínimo del 20% del valor de los productos sí provocaría la reducción del consumo y la mejora de la salud de la ciudad, pero parece evidente que ese no es realmente el objetivo.
El impuesto entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2017 y se aplicará a los distribuidores, pero tal y como pasó en Berkeley, posiblemente las empresas asumirán parte del gravamen, con lo que la subida de precio para el consumidor será tan pequeña que no provocará una reducción del consumo. Según leemos aquí, desde el ayuntamiento se declara que es responsabilidad del consistorio hacer todo lo posible para informar a la comunidad sobre los verdaderos riesgos para la salud de las bebidas endulzadas con azúcar, asegurando que sólo el tiempo dirá si el gravamen tiene un efecto positivo en la población. Posiblemente ya conocen la respuesta, basta con ver los resultados obtenidos en Berkeley, pero como hemos comentado, la finalidad parece ser otra.
La industria de las bebidas comenta que es un impuesto regresivo que demoniza de forma injusta a las bebidas y refrescos, ya que existen otros muchos productos responsables del sobrepeso y la obesidad. Por otro lado, manifiesta que no tiene sentido gravar sobre las bebidas sin azúcar y sin calorías, lo que demuestra el carácter discriminatorio del gravamen. La industria considera que se trata de un impuesto ilegal que viola la constitución del Estado de Pennsylvania. Dada la base legal expuesta, se van a emprender acciones legales contra el Ayuntamiento.
Con la excusa de mejorar la alimentación y reducir el sobrepeso y la obesidad, esta es una nueva fórmula para aumentar los ingresos en las arcas públicas, modelo que seguramente van a intentar secundar otras grandes ciudades. Si realmente se quisieran alcanzar estos objetivos, se aplicaría un gravamen elevado a todos aquellos productos que por su alto contenido en azúcar fueran perjudiciales para la salud, se legislaría para obligar a la reformulación de productos, se invertiría en programas para mejorar la alimentación reduciendo el coste de los alimentos saludables para que fueran más accesibles, y así un largo etcétera.
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