La Food Research Collaboration (FRC) es una organización formada por investigadores y diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan activamente para intentar mejorar el sistema alimentario del Reino Unido, sus iniciativas tienen como finalidad fomentar la investigación, compartir opiniones y resultados sobre los análisis de los alimentos, y promover medidas relacionadas con los alimentos que protejan la salud del consumidor y el medioambiente. Pues bien, ahora esta organización vuelve a la carga con una petición que se ha planteado en reiteradas ocasiones y desde hace años, asegura que Reino Unido debe considerar seriamente los impuestos en los alimentos poco saludables.
La FCR ha desarrollado una investigación en cuyas conclusiones se destaca especialmente la efectividad de este tipo de impuesto, asegurando que se lograría reducir el consumo de alimentos y bebidas poco saludables. Destaca el mayor precio de los alimentos saludables frente a los alimentos con alto contenido en grasa, sal o azúcar, y parece que con el impuesto se pretenda lograr que este grupo de productos poco saludables resulten más caros, en vez de considerar la posibilidad de subvencionar los alimentos que son beneficiosos para la salud y hacerlos más asequibles a la población.
En este informe se explica que aunque los impuestos no sean la solución definitiva para poder mejorar la alimentación de la población, merecería la pena gravar los productos porque con ello se lograría reducir el consumo, incrementar los ingresos para el sistema sanitario y transmitir un mensaje sobre las repercusiones para la salud por un consumo excesivo de productos que favorecen el sobrepeso, la obesidad y sus enfermedades derivadas. Dado que los consumidores tienen en cuenta el precio de los productos, los responsables de la investigación insisten en la necesidad de considerar seriamente gravar los alimentos con alto contenido en grasas, azúcares y sal.
Además del impuesto, sugieren que se deberían poner en marcha otras medidas paralelas, como estrategias y políticas que tengan como finalidad mejorar la calidad de los alimentos. Esta organización es realista, ya que reconoce que la introducción de este gravamen es muy complicada, no hay voluntad política y además la industria se opondría utilizando su influencia en el Gobierno. La FRC considera que los impuestos en los alimentos poco saludables pueden poner nerviosos a los políticos por los problemas que encierran, pero deben llevar a cabo la medida por razones de peso, la pérdida de la calidad de vida de los consumidores y el elevado coste que representan para el sistema sanitario las enfermedades derivadas del consumo de estos productos.
Algunos políticos están de acuerdo con este tipo de medidas, recordemos que hace unas semanas George Freeman, Ministro de Ciencias de la Vida, lanzaba una advertencia a las empresas alimentarias, si éstas insistían en seguir comercializando alimentos ricos en azúcar, podrían tener que asumir un impuesto del azúcar con el objetivo de pagar los costes sanitarios asociados a la obesidad, de todo ello hablábamos en este post. Remontándonos un poco más en el tiempo, a finales del año pasado la organización Sustain solicitaba al Gobierno del país que se aplicase un impuesto en las bebidas azucaradas, medida que consideraban beneficiosa tanto para la salud de los consumidores, como para la reducción del gasto sanitario en unos 39 millones de libras en un plazo de 20 años.
A lo largo de la última década las peticiones para que se instaure este tipo de gravamen se han ido sucediendo, llegando a ser muy molestas para la industria alimentaria. En el año 2013 hacía un llamamiento para que este tipo de medidas fueran rechazadas por ser incoherentes, discriminatorias y no comulgar con el interés declarado de prevenir el sobrepeso y la obesidad, considerando que este tipo de medidas sólo tenían una finalidad recaudatoria.
En la investigación realizada por la Food Research Collaboration también se proporcionan los argumentos en contra de este tipo de medidas, se explica que algunos sectores consideran este tipo de impuestos como regresivos, ya que afectan de una manera desproporcionada a la población con una economía más deprimida. En su lugar se propone la redistribución de los ingresos fiscales para poder subvencionar los alimentos más saludables, medida que como ya hemos visto en otros estudios, resulta muy efectiva.
Se puede citar como ejemplo la investigación llevada a cabo por RAND Corporation, institución sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ayudar a mejorar la toma de decisiones y las políticas en materia de salud, seguridad, alimentación y medio ambiente. En esta investigación se estudió una iniciativa llevada a cabo por una empresa de salud privada de Sudáfrica que ofrecía descuentos en el seguro médico que permitían adquirir los alimentos a un precio mucho más asequible, entre un 10% y un 25% más económicos. Tras realizar el seguimiento correspondiente se constató un incremento de las ventas de alimentos saludables y la mejora en la dieta de las 26.000 familias que tenían contratado el seguro médico con esta empresa, de todo ello hablábamos aquí.
Pero hay otros argumentos que la industria alimentaria cita contra de este tipo de medidas, es la pérdida económica y de empleo. Como siempre, se intenta recurrir a aquello que teme la población, pero estos argumentos proceden del sector más radical de la industria. También se asegura que este tipo de impuestos son paternalistas, no dejan que la población elija según sus gustos, preferencias y convicciones.
Hay que tener claro que aunque es verdad que se necesita un cambio en la dieta para frenar el sobrepeso y la obesidad, no se conoce el impacto que tendría a largo plazo este tipo de gravámenes alimentarios, a pesar de que ya está instaurado en otros países como México, Francia, Hungría, etc. Posiblemente una solución más acertada es la planteada por el ODI (Overseas Development Institute), hace poco presentó un estudio titulado ‘El aumento del coste de una dieta saludable’, en el que se destacaba la necesidad de gravar con impuestos los alimentos calóricos, pero también poner en marcha un plan de subvenciones en los alimentos saludables como una línea a seguir para mejorar la dieta y la salud de la población, de ello hablábamos en este post.
El estudio realizado por la FRC es interesante, y a diferencia de otros estudios muestra pros y contras, apuesta por la implantación del impuesto y pide, ante evidencias constatadas como la reducción del consumo de estos productos y la reducción del gasto sanitario, que el Gobierno tenga más voluntad política y piense en la salud de los consumidores. A través de este enlace (Pdf) podréis acceder a la investigación.
Foto | Michael Stern
