El Consejo de Ministro de España ha aprobado medidas para modificar la ley de la cadena alimentaria y prohibir la venta a pérdidas, un paso que se ha dado tras las movilizaciones de los agricultores debido a la grave crisis que se está sufriendo en el campo, donde los productos se comercializan a precios inferiores al coste de producción. Sin duda, es un avance, pero es insuficiente, y decimos esto porque no se incluye una medida que, a pesar de considerarse proteccionista es necesaria para preservar el tejido agroindustrial nacional, hablamos del aumento de aranceles a los productos de terceros países.
Lógicamente, la legislación comunitaria no permite este tipo de medidas proteccionistas, ya que se considera que los tiempos del proteccionismo han pasado a la historia, de ahí que cada año podamos ver, por ejemplo, que durante la temporada de las naranjas muchos supermercados o centros de distribución destinen una buena parte de sus expositores a las naranjas de terceros países (en muchas ocasiones más baratas, pero también de peor calidad). Si hablamos de tomates, se pueden citar las importaciones de tomates de Marruecos, que entran al mercado comunitario sin apenas cargas arancelarias, con un gasto de producción reducido y sin respetar las cuotas establecidas por la UE. Estos son sólo dos ejemplos, pero hay muchos más, además, hay que tener en cuenta los acuerdos que tiene la UE con terceros países y las obligaciones que impone a cada estado miembro.
Si se hubiera promulgado una nueva ley de la cadena alimentaria en la UE y se hubieran adoptado medidas proteccionistas, probablemente los agricultores comunitarios sí obtendrían beneficios significativos, ya que las medidas adoptadas hasta el momento son insuficientes. Volviendo a las medidas urgentes para modificar la ley de la cadena alimentaria, se introduce la obligación de que los contratos incluyan una cláusula en la que aparezca el precio pactado entre agricultores, ganaderos y compradores, que garantice que cubra los costes de producción, pero la verdad es que no es suficiente cubrir costes. El coste de producción se convierte así en un elemento obligatorio a la hora de establecer el precio en los contratos agrarios, pero, como hemos comentado, no existe obligación de comprar el producto nacional y es probable que la situación propicie el aumento de las importaciones de alimentos que se producen en el ámbito nacional.
En la nueva normativa quedan prohibidas las actividades promocionales que inducen a error sobre el precio e imagen de los productos, así como la destrucción del valor a lo largo de la cadena, además, se endurecen las infracciones. Cierto es que año tras año hemos conocido casos de ventas a pérdidas en diferentes productos, aceite de oliva, pollo, naranjas, etc., algo especialmente notorio en los años de crisis económica, pero no es la causa principal del problema. Además, hay que centrarse en el mercado comunitario y no sólo en el nacional, recordemos, por ejemplo, que en 2014 la Asociación Valenciana de Agricultores denunciaba las prácticas de la cadena de supermercados descuento alemana Lidl porque comercializaba en sus supermercados de Holanda el kilo de clementinas de nuestro país a un coste muy inferior al que se comercializaban en España, lo que demuestra que la venta a pérdidas con productos españoles se produce en diferentes países europeos. La nueva legislación obliga en el ámbito nacional, pero ¿qué ocurre en el ámbito comunitario?, pues no está del todo claro.
Se determina que se consideran infracciones graves la que antes eran leves, como no formalizar por escrito los contratos alimentarios, no incluir el precio o realizar modificaciones en el precio. Se aprueban modificaciones en la Ley del IRPF para mejorar la tributación de los jóvenes agricultores, ahora se considera que se podrá garantizar una mejora del tratamiento fiscal, al poder imputar en cuatro años los importes recibidos en las ayudas a la primera instalación, de forma que el impacto fiscal no se concentre en el año en que se reciben, lo que favorece la apuesta por el relevo generacional. En nuestra opinión, sigue siendo una medida insuficiente y quizá para dar un buen empujón al campo habría que olvidarse de los impuestos en los primeros años, hasta que la explotación fuera rentable.
Se introducen medidas en materia laboral para proteger a los trabajadores eventuales del campo, a fin de poder hacer frente a las circunstancias especiales del mercado laboral en el ámbito agrario. Se establece una medida de carácter social dirigida a los trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura, afectados especialmente por el descenso de la actividad laboral. Ahora, el número de peonadas o jornadas cotizadas será de 20 para poder acceder al subsidio por desempleo, así como a la renta agraria. Esta es una medida peligrosa, recordemos que se han producido varios casos de peonadas falsas, lo que supone un fraude a la Seguridad Social. Si el control era complicado con 35 peonadas, con 20 lo será más.
En definitiva, creemos que el paquete de medidas es un paso interesante y beneficioso (pero muy pequeño), hay que dar algunos más y adoptar medidas proteccionistas como las han adoptado otros países comunitarios, véase esta ley para obligar a los supermercados a que vendan más alimentos nacionales que importados en Rumanía. Otro tema que sería necesario tratar es el de la especulación, recordemos que desde hace años se habla de una ley sobre los márgenes comerciales de los productos agroalimentarios, y a nivel europeo se adoptó una directiva contra las prácticas comerciales desleales a fin de proteger a agricultores y pequeños proveedores, pero de nuevo se obviaba la transparencia de los precios en la cadena de suministros alimentarios.
Hay mucho más que hablar, probablemente en los próximos días conoceremos la opinión de las asociaciones de agricultores y ganaderos, de otras mejoras que desean introducir, etc. A través de este enlace (Pdf) podréis conocer más detalles de las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a esta crisis de la agricultura.
