Hace unos días se desmanteló en nuestro país un grupo del crimen organizado que comercializaba carne de caballo no apta para el consumo humano, de todo ello informaba Europol (Oficina Europea de Policía). Los expertos comentan que este tipo de hechos no hacen más que demostrar que la cadena alimentaria tiene muchas debilidades que deben solucionarse, es necesario mejorar los controles, la transparencia, la trazabilidad y aplicar sanciones más contundentes.
En el primer escándalo de la carne de caballo que se produjo en 2013, la estafa consistía en hacer pasarla por carne de vacuno que se comercializó en diferentes países europeos. En esta ocasión se trata de carne de caballo no apta para consumo humano que nunca debería haber entrado en la cadena alimentaria, sin embargo, entró poniendo en riesgo a los consumidores. Quienes cometen fraude encuentran los puntos débiles del sistema y se aprovechan de ellos y en el tema de la carne de caballo, a lo largo de los últimos años se han producido varios casos, por ejemplo, en el año 2018, en Francia, hasta en cuatro ocasiones se detectaron fraudes con la carne de caballo.
Pero lo cierto es que se cometen fraudes con todo tipo de productos alimentarios, basta con ver los informes anuales de la operación Opson, cuyo cometido es luchar contra el fraude alimentario en sus distintas vertientes. En este sentido, recordemos que Foodwatch cree que la UE no protege a los consumidores de los escándalos alimentarios, y la prueba es que Europa se ve sacudida una y otra vez por este tipo de problemas. Curiosamente y a pesar de todos estos escándalos, la CE comentaba que no era necesario actuar, asegurando que su sistema es robusto, rápido y eficaz.
La organización de consumidores sugiere que es necesario que los supermercados tengan mayor responsabilidad en estas cuestiones a fin de garantizar que los productos que comercializa son auténticos, sin embargo, se presentan como víctimas del fraude debido a la falta de requisitos legales claros sobre sus obligaciones de inspección. En vez de responsabilizarse de la venta de productos alimenticios fraudulentos, se quedan al margen y permanecen impunes, pero son responsables directos de lo que comercializan y deben asegurarse de que todos sus productos cumplen con la legislación.
Foodwatch comenta que la incidencia del fraude alimentario se debe interpretar como una evidencia clara de que las regulaciones alimentarias comunitarias no son adecuadas para el propósito que tienen. Según el Reglamento (CE) 178/2002 (Pdf), se debe proporcionar a los consumidores un alto nivel de protección y, en teoría, se debe garantizar la trazabilidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria, algo que en realidad está lejos de cumplirse. Merece la pena recordar que Foodwatch elaboró un informe titulado ‘Cómo falla la legislación de la UE a la hora de proteger a los consumidores de los escándalos de alimentos’, en el que se apuntaban las debilidades de la legislación alimentaria de la UE, y la necesidad de que se llevara a cabo una reforma profunda de la legislación alimentaria europea, como único camino para frenar los escándalos alimentarios.
Es innegable que la falta de transparencia provoca una falta de confianza en el sistema, por eso la organización alemana va a continuar exigiendo mejoras fundamentales en la legislación comunitaria. Por cierto, recordemos que BEUC (Organización Europea de Consumidores), denunciaba a finales del año pasado que los países comunitarios destinan cada vez menos recursos económicos y humanos a las inspecciones alimentarias, que se da poca importancia al control del etiquetado de los alimentos, que se reducen las inspecciones en alimentos susceptibles de fraude y de provocar problemas de salud.
Foodwatch, BEUC y otras organizaciones seguirán pidiendo reformas que permitan un acceso a alimentos de calidad y seguros, mayor transparencia informativa, trazabilidad, etc. Cierto es que en breve entrarán en vigor nuevas reglas en la UE para armonizar la información de los Estados miembros sobre los controles alimentarios, reglas que harán que sea más fácil comparar la labor que llevan a cabo los países y detectar aquellos que no se toman en serio los controles e inspecciones alimentarias que se deben llevar a cabo, es algo obligado en el marco de un mercado único que permite que los alimentos crucen varias fronteras hasta llegar a la mesa del consumidor.
La UE debe eliminar las debilidades de los sistemas de control, como dicen aquí, la enmienda recientemente completada a la Ley General de Alimentos (VO 178/2002) no es suficiente, la Comisión Europea debe tomarse más en serio este tema, poniendo en marcha cuanto antes una reforma que ayude a tener una cadena de distribución sólida y libre de fraudes.
