Según las conclusiones de un grupo de investigadores del Centro Alemán para la Investigación Integrada de la Biodiversidad (iDiv), el Centro Helmholtz de Investigación Ambiental (UFZ) y la Universidad de Gotinga (Alemania), la Comisión Europea no tiene voluntad para ofrecer una producción alimentaria sostenible, las propuestas de la CE en materia de política agrícola no respaldan la demanda pública de una agricultura respetuosa con el medio ambiente.
Los investigadores comentan que las áreas agrícolas comunitarias cubren el 40% de la superficie de cultivo existente, lo que representa un volumen de 174 millones de hectáreas. Pero la forma en la que se lleva a cabo el cultivo de esta extensión de tierra tiene implicaciones significativas en problemas como la pérdida de biodiversidad y los riesgos asociados al ecosistema y al bienestar humano, a esta conclusión también ha llegado la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Servicios de Biodiversidad y Ecosistemas (IPBES), organismo intergubernamental que evalúa el estado de la biodiversidad y de los servicios y beneficios que el ecosistema proporciona a la sociedad,.
En principio, la Unión Europea se ha comprometido a llevar a cabo un programa para el desarrollo de una producción agrícola sostenible, algo en lo que también se ha comprometido mediante un acuerdo de colaboración la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), a fin de poder abordar el cambio climático y la mejora de los sistemas alimentarios. Este compromiso se anunció el año pasado, ambas organizaciones aseguraron que los objetivos se podían alcanzar mediante un mejor uso de los recursos naturales e inversiones en la cadena de valor.
En este sentido, el comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo asegura que la UE es muy consciente de la situación y que el desarrollo de la agricultura sostenible tiene prioridad en la agenda política comunitaria. Sin embargo, los investigadores creen que esto no se refleja en la propuesta de reforma de la PAC (Política Agrícola Común) de la UE. Se puede leer en un artículo de la revista Science, que comenta que la PAC, que representa el 40% del presupuesto comunitario, es una de las áreas de política «más importantes» para cumplir con los compromisos internacionales. Pero la propuesta realizada por la Comisión Europea para la PAC a partir del 2020 y publicada en junio del año pasado, demuestra muy poco esas buenas intenciones.
Los expertos han analizado la propuesta de la PAC en base a tres preguntas: ¿Es la propuesta de reforma compatible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU? ¿Refleja la propuesta el debate público sobre la agricultura? ¿Ofrece una mejora clara en comparación con la PAC vigente actualmente? Además, se realizó una revisión metódica de la literatura científica (unos 450 estudios) en los que se abordaban temas como la efectividad, la eficiencia y la relevancia de la Política Agrícola Común. La conclusión obtenida es que la propuesta para la PAC es un paso atrás en comparación con la vigente en la actualidad.
La propuesta de la Política Agrícola Común no cumple las promesas realizadas por la Unión Europea, tomar en serio la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere una profunda reflexión sobre la política agrícola, sus presupuestos y sus instrumentos, así como el desarrollo de indicadores de calidad para medir el éxito de esta política. Pero más allá de las palabras, se encuentra poco relacionado con estas cuestiones en la política propuesta. Los expertos aseguran que la PAC tiene la capacidad de apoyar, al menos, nueve de los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero lamentablemente sólo contribuye a alcanzar dos de ellos.
Los investigadores critican que la Unión Europea mantiene algunos de los instrumentos de esta política agraria que han demostrado ser ineficientes, perjudiciales para el medioambiente y socialmente injustos. Los expertos comentan que alrededor de 40.000 millones de euros (un 70% del presupuesto de la PAC), se paga a los agricultores en función de los cultivos que realizan, lo que significa que el 1’8% de los que reciben las ayudas, obtienen un 32% del dinero total invertido. Por tanto, estos pagos compensatorios que se introdujeron provisionalmente en 1992, carecen de una justificación científica sólida, delatando que los pagos directos apenas contribuyen a los objetivos ambientales o sociales.
Existe la convicción de que la PAC debería ser una herramienta eficaz para promover prácticas agrícolas sostenibles, de hecho, algunas encuestas comunitarias concluyen que el 92% de los ciudadanos y el 64% de los agricultores consideran que la PAC debería mejorar su desempeño en materia de protección ambiental y climática. Para los expertos la solución pasa por la liquidación de los pagos directos y por centrarse en fortalecer aquellas medidas que han demostrado ser beneficiosas para la biodiversidad y la sostenibilidad.
Se espera que el nuevo Parlamento Europeo recientemente constituido sea una oportunidad para remodelar el proceso de reforma donde se permita incluir a todas las partes interesadas relevantes y tener presentes los hallazgos científicos. Tal y como está la situación, la agricultura comunitaria no es viable para el futuro y no mejorará la protección del medio ambiente como ya hemos comentado. Ahora se espera que la ronda final de negociaciones de la PAC entre la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo se inicie el próximo otoño con una dirección más acertada.
Podéis conocer más detalles de la investigación a través de este artículo publicado en la página de la Universidad de Gotinga.
Foto 1 | Olivier Bacquet
1 comentarios
Llueve sobre mojado, los europarlamentariosladrones estan a su negocio, no tienen el mas minimo interes en desarrollar una politica honesta con el planeta y con el ser humano, el hambre es un negocio colosal y lo saben, y mientras el contribuyente se queda mirando el dedo que apunta a la luna, ellos, los «democratas», hacen sus negocios sucios, que entre otras muchas cosas incluye legislar contra los derechos del consumidor y a favor de las multinacionales del sector, promoviendo todo tipo de leyes trampa que legalizan la estafa y el abuso cuando no el robo puro y duro. Hay que desenmascarar a esa banda de traficantes, y que devuelvan todo lo usurpado al pueblo.