Según algunos expertos de la industria alimentaria, el año 2018 estará marcado por el impuesto del azúcar como ya lo estuvieron los dos últimos años (2016 y 2017), la hoja de ruta sigue su curso y con el inicio del nuevo año entra en vigor el impuesto de los refrescos en Seattle, que se convierte en la séptima ciudad estadounidense en introducir el gravamen sumándose a San Francisco, Berkeley, Albany, Oakland, Filadelfia y Boulder.
El gravamen afecta a bebidas como las gaseosas, las bebidas deportivas, las bebidas energéticas, las bebidas a base de café o té helado endulzado, los jugos y aguas que contengan edulcorantes calóricos añadidos. Los distribuidores serán quienes deban pagar el impuesto, todavía no se sabe si estas empresas asumirán el impuesto parcialmente (opción más probable), en su totalidad o si lo trasladarán a los consumidores, en este último caso, una lata de bebida de unos 350 ml se encarecerá 12 centavos (casi 10 céntimos de euro).
Las bebidas que están exentas del gravamen son las que incluyen leche natural como ingrediente principal, los zumos de fruta o vegetales 100%, los refrescos dietéticos y las bebidas de 350 ml que contengan menos de 40 calorías. Recordemos que el nuevo impuesto se aprobó el pasado mes de junio por el Ayuntamiento de la ciudad (aquí podéis leer la resolución) determinando que los distribuidores son responsables del impuesto a las bebidas azucaradas.
Como ha ocurrido en el resto de ciudades donde se ha introducido el impuesto, sus partidarios argumentan que el gravamen servirá para reducir el consumo de bebidas azucaradas con escaso valor nutricional, bebidas que se han relacionado con distintos problemas de salud en varios estudios, como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, enfermedades cardíacas, etc. Las empresas se han opuesto al impuesto argumentando que el gravamen perjudicará a las pequeñas empresas, afectará al empleo y a los consumidores con pocos ingresos, además de aseverar que no existe ningún estudio que demuestre que este tipo de medidas sean efectivas para mejorar la salud de la población.
A pesar de la convicción de la efectividad de la tasa, el Ayuntamiento de Seattle está financiando un estudio de cuatro años realizado por la Universidad de Washington con el objetivo de investigar si el impuesto reduce el consumo de bebidas azucaradas, es decir, se realizará un seguimiento anual para constatar su eficacia. Recordemos que en otras ciudades estadounidenses, como Berkeley, primera ciudad del país en aprobar el impuesto de los refrescos en el año 2014, se ha demostrado que ha resultado ser efectivo reduciendo en un 9’6% el consumo de refrescos y bebidas azucaradas.
El equipo de investigadores empezó a recopilar datos sobre el consumo de refrescos desde el momento en el que se aprobó la medida en junio de 2017, además de estudiar su efecto, se evaluará su implementación, se analizarán las posibles consecuencias en los ingresos de los comerciantes, en el empleo, etc., a fin de determinar su efectividad en todos los aspectos y su capacidad para cambiar la actitud de los consumidores ante las bebidas azucaradas. Se puede decir que es la primera ciudad que se embarca en un estudio de estas características antes de la implantación del gravamen, estudio cuyos resultados serán de gran importancia para otras ciudades que planteen la introducción del impuesto de los refrescos.
Lo que no nos queda muy claro es por qué el impuesto grava a la distribución, o por qué los pequeños fabricantes que facturen menos de 2 millones de dólares anuales están exentos del impuesto, aunque sean pequeños pueden ofrecer bebidas con una carga elevada de azúcares añadidos. Aquí explican que si un distribuidor comercializa bebidas de un fabricante que factura entre dos y cinco millones de dólares, se beneficiará de una tasa reducida de un impuesto establecido en un centavo por cada 29 ml, por tanto, son los productos de compañías grandes los que estarán sujetos a la mayor carga fiscal.
Al margen de la efectividad, da la impresión de que el impuesto se ha diseñado con fines recaudatorios, ya que los que más tienen son los que pueden asumirlo con más facilidad. También hay que destacar que si se pretende luchar contra el sobrepeso y la obesidad, sería justo y ético gravar todos aquellos productos con exceso de azúcares añadidos, no se puede demonizar a los refrescos y hacerlos únicos responsables de los problemas de salud, sabiendo que hay muchos otros productos que contienen elevadas cantidades de azúcar.
El Ayuntamiento de la ciudad anunció en su momento que la recaudación del impuesto se destinaría a la promoción de opciones alimentarias saludables, así como a ampliar el acceso a alimentos saludables y asequibles. Se deduce que quizá subvencionen los alimentos saludables, aunque no lo dejan muy claro, ya veremos que ocurre y si realmente se mejora la salud de los habitantes de la ciudad.
Foto 1 | Bunny Jager
Foto 2 | Spectrum Clicks
