En Rumanía se ha votado un Proyecto de Ley con el que se pretende obligar a los supermercados a que vendan más alimentos nacionales que importados, en dicha reglamentación se insta a que al menos el 51% de los productos que comercializan se hayan producido en el país. El borrador de esta nueva reglamentación que ha sido aprobada por unanimidad en la Cámara de los Diputados, se considera por la asociación de minoristas una medida proteccionista, ya que tiene como finalidad proteger los alimentos que produce el país y reducir la entrada de productos similares procedentes de otros países.
La asociación de minoristas considera que se está engañando deliberadamente a la población apelando a sus sentimientos y patriotismo, aseguran que esta medida va a provocar que se incremente el precio de los alimentos provocando una espiral inflacionaria que será muy complicado controlar. Por otro lado, se asegura que se limitará la oferta, y los consumidores no serán capaces de decidir qué comprar. Según el texto del Proyecto de Ley, el 51% de alimentos como los huevos, la carne, la miel, las frutas y verduras, los productos de panadería y los productos lácteos deberán proceder de las cadenas de suministro de ámbito regional o nacional (cadena corta). ¿No va esta medida en contra de las directrices comunitarias?, evidentemente sí.
Se prevé que esta ley entre en vigor dentro de seis meses, tiempo que los minoristas deberán aprovechar para realizar contactos con los productores nacionales y firmar contratos para garantizar los suministros. Se considera que esta es la mejor fórmula para garantizar que en las estanterías de los supermercados están presentes los productos rumanos, además se apoya a los pequeños productores logrando que tengan una mayor salida comercial. Hay que aclarar que esta ley afectará a los minoristas que tengan una facturación de más de 2 millones de euros anuales, lo que engloba a todas las grandes cadenas de distribución presentes en el país.
Pero hay más puntos en esta nueva legislación, también se han incluido medidas referentes al etiquetado de los productos alimenticios, será obligado el etiquetado del país de origen de la carne fresca y procesada, y el pago a los proveedores de alimentos frescos en un límite máximo de 7 días. En la ley se determina que los supermercados que no cumplan con la nueva reglamentación serán multados con hasta 33.000 euros, y los que sean reincidentes se enfrentan al riesgo de que cierren sus supermercados durante un plazo máximo de seis meses.
Desde la Federación de Fabricantes de la Industria Alimentaria de Rumanía (Romalimenta), se asegura que se está de acuerdo con el objetivo de facilitar el acceso de los productos nacionales al mercado, pero no están de acuerdo con las medidas que se han adoptado para ello, sin embargo, comentan que su posición es la abstención. Esto es lógico, ya que son parte interesada y beneficiarios de la ley, pero han de mostrar una postura imparcial, como que el tema no va con ellos, quizá por miedo a cómo podría afectar a sus exportaciones. Existen otras cuestiones que no se han aclarado, como por ejemplo la definición de producto local, ¿incluyen los alimentos que se han elaborado en el país pero con ingredientes procedentes de otros países?
Los grandes minoristas argumentan que por un lado, la denominada Ley 321 no garantiza el apoyo a los productores rumanos, por otro estrecha la libertad para elegir los alimentos a los consumidores rumanos, además no se van a tener suficientes alimentos para poder abastecer a la cadena de suministro. Para este sector es obvio que el Parlamento rumano ha votado en contra de los grandes minoristas, un hecho que se considera totalmente injustificable, aseguran que esta ley no va a traer nada bueno para nadie.
En España podemos hablar de las naranjas, si acudimos a grandes cadenas de suministro podemos encontrar que en temporada de naranjas, la mayoría que se ofertan proceden de otros países, la naranja valenciana o de otro punto de España ocupa un pequeño lugar en el hipermercado. Además de comercializar la naranja importada a un precio más económico, estas cadenas minoristas obtienen mayor beneficio, por lo que optan por la naranja foránea frente a la nacional. Si hablamos de lentejas ocurre lo mismo, el 80% de las lentejas que se comercializan en nuestro país proceden de Estados Unidos, es una lenteja más barata pero también de peor calidad que la nacional con Denominación de Origen, como por ejemplo la Lenteja Pardina Tierra de Campos.
Podríamos ir citando muchos productos y en todos los casos ocurre lo mismo, predomina el producto foráneo de peor calidad y el producto nacional de calidad queda relegado a una segunda posición, esto provoca que se destruya el tejido agroindustrial del país. Sobre esta destrucción se puede citar el caso del tomate, antaño las tomateras murcianas producían 40.000 toneladas de tomates, actualmente no se superan las 15.000 toneladas. Esto es el resultado de la entrada masiva de tomates procedentes de Marruecos a precios con los que es imposible competir, lo que obliga al abandono de la actividad a muchos agricultores. Quizá en cierto modo se pueda entender por qué se ha decidido tomar estas medidas proteccionistas, pero como ya hemos apuntado, se trata de una violación de la legislación comunitaria, dado que Rumanía es miembro de la UE. Parece poco probable que tenga el derecho a tramitar estas medidas y posiblemente se inicie una acción legal contra la ley a través de los tribunales europeos.
Se trata de un incumplimiento del artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el que se dice: “Quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente.” Este artículo protege la libre circulación de mercancías dentro de la Unión Europea, prohibiendo las leyes nacionales que favorezcan la comercialización de los productos nacionales. Lo más probable es que la Comisión Europea pida primero que se retire dicha ley, pero hay que tener en cuenta que este simple proceso puede tardar bastante tiempo, si además, después se inicia un trámite legal, pueden pasar algunos años antes de que la ley sea retirada.
Podéis conocer más detalles de la noticia a través de este artículo publicado en el periódico digital Stilire Pro (Rumania).
Foto 1 | Nicolae-Andrei Popa
Foto 2 | www.caem.net
1 comentarios
Un supermercado es una empresa privada y vende lo que los clientes piden. Ese es su negocio. Y ahora resulta que a unos cuántos políticos no les gusta el modelo capitalista que ellos mismos han creado.
En todo el mundo los gobernantes se están haciendo fascistas extremos, controlando todos los aspectos de nuestra vida. Desde lo que tienen que vender en los supermercados hasta los refrescos que debemos o no debemos tomar.
Lo repito: los políticos se están pasando de la raya.
Y a los políticos españoles les diré que yo veo el cine que me gusta, aunque obliguen a los cines a que una parte de la cartelera sea de cine español. ¡Ya está bien, fascistas!.