El Defensor del Pueblo Europeo es una institución que atiende las reclamaciones relativas al mal funcionamiento de organismos e instituciones de la UE por parte de los ciudadanos europeos o de toda persona física o jurídica que resida o tenga su sede social en un Estado miembro de la UE. Hoy nos sorprende una curiosa noticia publicada en la página del Defensor del Pueblo Europeo, esta institución a cargo de la irlandesa Emily O’Reilly (elegida por el Parlamento Europeo en el año 2013) reprende a la CE por el retraso en la aprobación de los alimentos transgénicos.
Parece ser que un grupo de denunciantes, la Federación de Fabricantes de Piensos Europeos (FEFAC), el comité que representa los intereses de quienes trabajan con los piensos y cereales (COCERAL) y la asociación europea de bioindustrias (EuropaBio) entre otros, habían estado mostrando su preocupación a la CE desde el año 2012 hasta el año 2014 por los retrasos en la autorización de los alimentos modificados genéticamente. Dado que no han conseguido resultados y que consideraron que los argumentos y explicaciones de la Comisión Europea por los retrasos no tenían justificación y eran inaceptables, decidieron presentar una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo.
Para los denunciantes es inaceptable que se mantenga la moratoria sin reconocimiento jurídico en las importaciones de alimentos modificados genéticamente, ya que se está poniendo en riesgo el envío de productos agrícolas básicos para la elaboración de alimentos y piensos. Emily O’Reilly estudió el tema y encontró que el retraso en la autorización de transgénicos que afecta a 20 productos no tenían ninguna justificación, argumentando que los retrasos reflejan un problema sistémico, en lugar de ser el resultado de cuestiones específicas de las solicitudes de autorización particulares.
Según el departamento del Defensor del Pueblo Europeo, entre el año 2012 y el año 2014 la Comisión Europea no ha cumplido el plazo legal de tres meses vinculado a la presentación de proyectos que no prosperaron y que se llevó a cabo una apelación en la que se debía dar un veredicto en un plazo razonable. Emily O’Reilly reconoce que la CE está en una situación difícil y que por ello surge la incapacidad de los Estados miembros de emitir un dictamen, ya sea en Comisión Permanente o por apelación. Pero estas dificultades no eximen a la CE de su responsabilidad legal de presentar los proyectos al Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos en el plazo de tres meses, esta comisión se encarga de asegurar que las medidas de la UE en relación a la seguridad de los piensos y alimentos, la salud y el bienestar de los animales, son prácticas y eficaces, encargándose de emitir los correspondientes dictámenes sobre los proyectos que llegan a la CE.
A la luz de los hechos, el departamento del Defensor del Pueblo Europeo considera que no hay necesidad de realizar ninguna recomendación, ya que la CE está estudiando una nueva legislación sobre el tema confiando en que la CE cumplirá con los requisitos legales existentes. Los denunciantes piden que la CE ponga en marcha un sistema funcional y previsible en la aprobación de alimentos y piensos modificados genéticamente, considerando que es algo fundamental para poder salvaguardar el acceso a un mercado competitivo de fuentes proteínicas como son los alimentos y piensos transgénicos, recuerdan que el sector ganadero se enfrenta a una crisis de los mercados severa y prolongada al descolgarse de esta tecnología.
El funcionamiento de la política basada en la evidencia de que los alimentos modificados genéticamente son seguros, obliga a la UE a su autorización, aplicando los correspondientes plazos existentes según la legislación, los denunciantes consideran que actualmente hay muchos productos pendientes de aprobación para su introducción y que deben ser resueltos cuanto antes, las decisiones se deben tomar teniendo en cuenta los resultados científicos y no dejarse influir por la política, básicamente comentan lo mismo que el Comité de Ciencia y Tecnología del Reino Unido, condenando las normas comunitarias relacionadas con el proceso de autorización de los alimentos modificados genéticamente, y asegurando que estos procesos están politizados y no tienen en cuenta el punto de vista científico, de todo ello hablábamos aquí.
En una de las conclusiones del Defensor del Pueblo Europeo se apunta que la CE no ha cumplido los plazos estipulados y tampoco adoptará sus decisiones en un plazo razonable de tiempo tras fracasar la Comisión de Apelación para emitir un dictamen, estos problemas constituyen una mala administración según comenta Emily O’Reilly. Se explica además que teniendo en cuenta que el proceso en la toma de decisiones relacionadas con los alimentos y piensos modificados genéticamente está siendo revisado en la actualidad, el Defensor del Pueblo considera que no es necesario hacer una recomendación a la Comisión en este caso.
Lo cierto es que nos ha sorprendido bastante que el Defensor del Pueblo Europeo haya aceptado la reclamación y reprenda a la CE por los procedimientos y el retraso en la aprobación de alimentos transgénicos. ¿Habrá atendido a aquellos ciudadanos que han reclamado porque consideran que no se deben introducir este tipo de alimentos en la UE? ¿Se posiciona esta institución a favor de los alimentos modificados genéticamente? Y si es así, ¿se puede confiar en esta institución y en su lucha por los intereses de la mayoría de los ciudadanos de la UE?
Podéis conocer todos los detalles de la noticia a través de este artículo publicado en la página oficial del Defensor del Pueblo Europeo.
