Solicitar el etiquetado de alimentos transgénicos en Estados Unidos se ha convertido en una constante, y en un quebradero de cabeza para la industria agroalimentaria que se opone a esta medida. Algunos estados del país han solicitado este tipo de etiquetado y a pesar de todos los esfuerzos realizados han fracasado, podemos citar como ejemplos la Proposición 37 de California o el Proyecto de Ley SB 18 en Nuevo México. Sin embargo, la batalla continúa, las iniciativas para solicitar una legislación transparente e informativa sobre los alimentos transgénicos están vivas en el estado de Oregón (aunque todavía se está fraguando) y en Washington, al respecto sería interesante retomar la lectura sobre la iniciativa 522. Ahora el Estado de Illinois se suma a la solicitud para que se etiqueten los alimentos transgénicos.
Se trata de un nuevo Proyecto de Ley denominado SB 1666 preparado de forma conjunta por el Senador Dave Koehler y grupos de defensa de los consumidores del estado, además cuentan con el apoyo de organizaciones de todo el país, ecologistas, productores orgánicos, etc. En este proyecto, como en los anteriores casos, el Estado de Illinois pide el etiquetado de alimentos transgénicos. Los partidarios indican que el SB 1666 es una oportunidad de cambiar la legislación alimentaria y respetar el derecho de los consumidores, también consideran que propiciaría nuevas investigaciones que permitieran ampliar la comprensión de los cultivos transgénicos. El etiquetado ofrecería información al consumidor y permitiría ejercer el derecho a valorar y decidir, siendo conscientes plenamente de lo que realmente están consumiendo.
Estos grupos no quieren que las empresas decidan por ellos, algo que hacen al negarse a etiquetar los alimentos que contienen ingredientes modificados genéticamente. En el caso de que esta propuesta saliera adelante, se obligaría al etiquetado de todos aquellos alimentos cuyo contenido transgénico se excediera de un 1%, se incluyen tanto los alimentos producidos en el estado como los que provengan de cualquier otro estado o país. Como la mayoría de alimentos procesados que se pueden adquirir en los supermercados contienen derivados de soja, algodón o maíz transgénico, estos deberían etiquetarse como tales.
Los que promueven el Proyecto de Ley SB 1666 reconocen que en lo que respecta a riesgos para la salud por el consumo de alimentos modificados genéticamente no son muy evidentes por la falta de estudios, pero consideran que este tipo de productos se han vuelto omnipresentes en el sistema alimentario desde que empezaron a introducirse hace un par de décadas, los han introducido en silencio y sin ofrecer la información correspondiente al consumidor, algo que consideran que viola sus derechos. Por otro lado, no están de acuerdo con los actuales estudios, la razón es que han sido presentados por las empresas que desarrollan estos alimentos, las interesadas, y por tanto todos los datos son siempre favorables. Reivindican más estudios independientes, actualmente hay muy pocos y la razón es que estas empresas biotecnológicas prohíben el cultivo de sus productos con fines científicos.
Para muchas personas es una prioridad que el etiquetado alimentario sea transparente, independientemente de que sean o no prejudiciales para la salud o el medio ambiente, es de ley que se informe a los consumidores y que ellos puedan decidir. Según leemos aquí, esta es una de las prioridades para grupos como el Chicago Food Policy Advisory Council (CFPAC), una organización que representa a agricultores y personas que abogan por un cultivo sostenible. En una democracia, las empresas no deben tener privilegios especiales, como por ejemplo estar exentos de etiquetar e informar al consumidor, de acuerdo que se basan en el principio de equivalencia sustancial, es decir, que un alimento transgénico cuya equivalencia en peso, imagen y contenido nutricional es similar a la de un alimento tradicional, es totalmente seguro, pero muchos consumidores no lo ven así, consideran que son alimentos distintos y que los estudios aportados no son imparciales.
Pero no se trata de cuestionar si son alimentos inocuos o perjudiciales, el tema es informar al consumidor y que libremente decida según sus convicciones, un derecho que hasta el momento ha sido vetado, esto provoca que aumente aún más la desconfianza. El Presidente del CFPAC pone como ejemplo a la Unión Europea y como el proceso de aprobación de alimentos modificados genéticamente no es tan sencillo como en Estados Unidos, también destaca cómo algunos países prohíben su cultivo o introducción en la cadena alimentaria. A todo esto añade que las encuestas realizadas en Estados Unidos determinan que el 91% de los votantes quieren que se apliquen las etiquetas identificativas de este tipo de alimentos. En esta cuestión discrepamos un poco, la razón es obvia, de momento ya han desestimado dos proyectos para modificar las leyes alimentarias en esta cuestión, un 91% hubiera facilitado la aprobación en California o en Nuevo México.
En fin, como decíamos, cada vez son más los estados de Norte América que se suman a esta solicitud, podéis conocer más detalles del Proyecto de Ley SB 1666 a través de este enlace a la página oficial de la Asamblea General de Illinois. Nos da la impresión de que este proyecto no saldrá adelante, pero seguro que conoceremos nuevas noticias sobre otros estados que se sumarán a esta petición.
