Hoy conocemos un estudio realizado por el IIED (Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo) sobre la compra de superficies de cultivo en países subdesarrollados. Al parecer, se están incrementando las adquisiciones de tierras por parte de empresas y países desarrollados en países cuyo nivel de pobreza es elevado, esta actuación podría aumentar el riesgo de que los habitantes pobres, lo sean más todavía o de que se les impida el acceso a determinados recursos como el agua o la tierra, elementos que podrían garantizar su alimentación y por tanto su supervivencia.
El informe ha sido solicitado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y de él se desprende que la compra de tierras puede ser muy beneficiosa o perjudicial dependiendo de las actuaciones. Gracias a las inversiones realizadas por otros países se podría favorecer la creación de empleo, mejorar las infraestructuras y favorecer el crecimiento económico del país, pero siempre y cuando se tenga presente a la población local, protegiendo sus derechos, algo que en algunos países es inexistente. El informe indica que no existen suficientes mecanismos que protejan, respeten y preserven los medios de subsistencia o el bienestar local de la población, siendo los derechos muy volátiles en lo que se refiere a la compra de terrenos de cultivo en países en vías de desarrollo.
Hace unos meses, en el post Comprar tierras cultivables en otros países para garantizar la alimentación, mostrábamos que países como China intentaban garantizar su seguridad alimentaria incentivando a las empresas para que compraran tierras en otros países con el propósito de producir alimentos. China fijaba su atención en África y Sudamérica, y temía que estos países no aceptaran vender sus terrenos de cultivo, hoy vemos que no es así y según el informe de la IIED, la venta de tierras se está incrementando.
Un país subdesarrollado con una economía precaria y con un gran número de necesidades, puede ver en esta solución un alivio, pero sería a corto plazo y quizá a largo plazo su situación empeoraría considerablemente. Por ello valoramos el informe, ya que pone al descubierto la necesidad de proteger a los habitantes de los países más desfavorecidos garantizando el acceso a la tierra y al agua, medios con los que podrían garantizar su alimentación.
Podemos recordar también el post Alquiler de superficies de cultivo, esta podría ser una solución más acertada para el país propietario de las tierras, pero sería cuestión de conocer profundamente el contrato de arrendamiento. Como ejemplo podemos hablar del alquiler de 1.300.000 hectáreas de Madagascar, nación insular que se encuentra frente a la costa sudeste del continente africano, por una empresa de Corea del Sur y por un periodo de 99 años, toda la tierra se destinará a la producción de biocombustibles. Madagascar tiene una población de 17,5 millones de personas de las que unos 12 millones viven por debajo del umbral de la pobreza, su gobierno veía en esta solución la posibilidad de obtener mejoras significativas, trabajo para la población, mejoras en las infraestructuras, escuelas, la creación de un puerto marítimo, etc.
¿Pero en qué estado quedarán las tierras?, si se trabaja para elaborar biocombustibles, posiblemente se utilicen transgénicos y con ellos productos como el glifosato u otros productos químicos peligrosos, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Además hay que añadir lo que hemos mencionado al principio, ¿se negarán los derechos de los 12 millones de habitantes que viven por debajo del umbral de pobreza?. Por mucho trabajo y mejoras que se ofrezcan, sólo unos pocos habitantes más desfavorecidos optarán a un trabajo y una garantía alimentaria, el resto se verá más condicionado y el país continuará con la escasez de alimentos.
La verdad es que sea en compra o alquiler, estas pueden ser buenas soluciones para los países subdesarrollados siempre que estas actuaciones sean reglamentadas para impedir el abuso de quien compra, recordemos que son empresas y que sólo persiguen el beneficio económico, no son ONGs. La falta de transparencia, control y equilibrio en las negociaciones puede llevar a acuerdos que no defiendan al máximo el interés público. No están muy claros los derechos locales a la tierra, los requisitos del uso productivo son poco definidos y existen numerosos vacíos legales que es necesario eliminar.
El estudio de la FAO pide una evaluación detenida de este tipo de actuaciones y los distintos contextos a nivel local, ya que es fundamental garantizar el derecho a la tierra, además las ventas de terrenos de cultivo deben realizarse con el consentimiento local libre. La FAO desea que la compra de tierras sea una oportunidad y no un problema a largo plazo que podría incidir seriamente en la seguridad alimentaria a nivel mundial.
Queda mucho que hablar en torno a este tema…
Foto | Kerri 2009
Foto 1 | Ferdinand Reus
