Hace unos días se aprobó la Proposición no de ley sobre los márgenes comerciales de los productos agroalimentaros, una propuesta impulsada por la COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), la CEACCU (Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios) y la UCE (Unión de Consumidores de España). Se trata de una iniciativa que ha recibido muy buena acogida ya que se podrán establecer los mecanismos de control adecuados en los precios de venta de fruta por parte de los productores.
Sin embargo, no se han incluido en esta propuesta los demás productos agrícolas o ganaderos, algo que las organizaciones que hemos mencionado lamentan y por tanto, seguirán controlando e informando puntualmente a los consumidores sobre la situación de mercado.
A través del IPOD (Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos) hemos podido conocer durante los últimos meses la evolución del precio de varios alimentos básicos y habituales en nuestra dieta y hemos comprobado cuál era el margen aplicado por los intermediarios, en algunos casos muy abusivo.
Los productores vendían a precios realmente bajos y los consumidores debíamos pagar precios un tanto desorbitados, podemos poner por ejemplo los datos del último IPOD en el que se mostraba una diferencia de hasta 14,71 veces más en el precio de diferencia entre lo que se pagaba por kilo de sandía a los productores (0,07 euros) y el precio de venta a los consumidores (1,03 euros).
Es interesante dar un vistazo al texto de la Proposición no de ley sobre los márgenes comerciales de los productos agroalimentaros para conocer qué beneficios ofrece a productores y consumidores.
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mejorar los mecanismos de recogida de precios en virtud de una mayor transparencia en el proceso de formación de los precios a lo largo de la cadena de valor.
2. Crear un marco legislativo de comercialización agroalimentaria adecuado y articular un Observatorio de Precios eficaz y operativo, con capacidad para proponer a la Comisión Nacional de la Competencia la investigación de las prácticas contra la competencia que se detecten así como la imposición de sanciones.
3. Actuar para eliminar la reconocida especulación en los mercados agroalimentarios. La Comisión Nacional de la Competencia debe intervenir ante prácticas comerciales fraudulentas evidentes y eliminar la especulación con absoluta firmeza.
4. Desarrollar y aplicar el artículo 13.2 de la Ley de Comercio (Ley 7/1996) que prevé que “el Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización (…) cuando se trate de productos de primera necesidad”
5. Garantizar la seguridad de los consumidores intensificando el control de las importaciones de productos agroalimentarios garantizando así la no comercialización de productos que puedan contener sustancias prohibidas en la UE.
6. Implantar un sistema de doble etiquetado (precios origen/precios destino) como criterio al servicio de la información al consumidor, que propicie el conocimiento del valor real de los productos y la detección de distorsiones interesadas de precios.»
Se trata de un primer paso, aunque dado de forma tímida, que beneficia a productores y consumidores. Hasta que finalmente también sean contemplados en esta propuesta los productos agrícolas o ganaderos, COAG seguirá facilitándonos la información sobre el movimiento de los precios tal y como lo ha hecho hasta ahora.
